Cristina Kirchner llevó su condena a la ONU: ¿puede recuperar el derecho a ser candidata?
- Telediario Digital
- 31 jul
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La expresidenta presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En diálogo con Telediario, el especialista en Derecho Internacional Pablo Wehbe explicó qué puede resolver el organismo y cuáles son los alcances reales del reclamo.
La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU volvió a instalar el debate sobre los límites de los organismos internacionales y el alcance de sus resoluciones frente a las decisiones de la Justicia argentina. La presentación busca que se suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras el organismo analiza el caso.
En diálogo con Telediario Federal, el profesor de Derecho Internacional, Pablo Wehbe, explicó que el Comité de la ONU no funciona como una cuarta instancia judicial ni tiene la facultad de anular una sentencia dictada por la Corte Suprema. Según precisó, su tarea consiste en determinar si el Estado argentino respetó las garantías establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos que suscribió.
"Lo que puede hacer el Comité es decirle al Estado argentino que revise lo actuado y garantice un nuevo procedimiento si entiende que hubo violaciones al debido proceso. No puede dejar sin efecto una condena", sostuvo el especialista. También aclaró que, si bien las decisiones del Comité son vinculantes desde el punto de vista del Derecho Internacional, no existe un mecanismo automático que obligue al Estado a cumplirlas, ya que su incumplimiento deriva principalmente en responsabilidades políticas y diplomáticas ante las Naciones Unidas.
Wehbe señaló además que la presentación de Cristina Fernández se centra en presuntas violaciones al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, referido a las garantías judiciales, la imparcialidad de los tribunales y el debido proceso. Ahora será el Estado argentino el que deberá responder a la denuncia antes de que el Comité avance con su análisis, un procedimiento que podría extenderse durante varios años.
Desde el plano político, el académico consideró que la estrategia también busca mantener abierto el debate sobre la inhabilitación electoral de la exmandataria. Incluso recordó que, según la interpretación planteada por uno de los abogados que intervienen en el caso, una eventual participación en elecciones primarias podría abrir una nueva discusión jurídica, al tratarse de una precandidatura partidaria y no de un cargo electivo. Aun así, remarcó que esa hipótesis forma parte del debate político y no constituye una definición del Comité de la ONU.
La presentación internacional vuelve a colocar el caso en el centro de la escena política argentina. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una decisión de la Justicia nacional, el kirchnerismo busca trasladar la discusión al plano de los derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
