Diputados aprobó el Super RIGI: el plan del Gobierno para captar inversiones de más de USD 1.000 millones

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para incentivar inversiones superiores a los USD 1.000 millones en inteligencia artificial, minería avanzada, electromovilidad, energías renovables y otras industrias de frontera. La iniciativa divide aguas entre quienes la consideran una oportunidad para el desarrollo y quienes advierten sobre una pérdida de soberanía y recursos fiscales.

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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el denominado Super RIGI, un régimen especial destinado a promover inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores considerados estratégicos para el futuro de la economía argentina. El proyecto recibió 130 votos afirmativos y 106 negativos, y ahora deberá ser debatido por el Senado.

La iniciativa apunta a atraer grandes capitales para el desarrollo de actividades que hoy tienen escasa presencia en el país, como inteligencia artificial, centros de datos, fabricación de baterías de litio, electromovilidad, energías renovables, minería avanzada y proyectos vinculados a la cadena del uranio. Para lograrlo, ofrece un amplio paquete de beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios con estabilidad por 30 años.

Entre los principales incentivos se destacan una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, arancel cero para importar bienes destinados a los proyectos, eliminación de retenciones a las exportaciones, libre disponibilidad progresiva de divisas, amortización acelerada de inversiones y la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales para resolver eventuales conflictos con el Estado.

El proyecto tiene un fuerte componente federal porque muchas de las inversiones potenciales podrían radicarse en provincias con importantes recursos naturales o capacidad energética, como Córdoba, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

Sin embargo, también introduce límites para las jurisdicciones adheridas. El texto establece un tope del 0,5% para Ingresos Brutos y prohíbe que los municipios cobren tasas calculadas sobre las ventas de las empresas beneficiadas. Para muchos gobernadores, esto representa un incentivo para atraer inversiones, para otros sectores, implica resignar herramientas de recaudación en favor de grandes compañías.

Como parte de las modificaciones incorporadas durante el debate, el oficialismo aceptó exigir que los proyectos presenten un plan de desarrollo de proveedores locales, con un compromiso de adquirir al menos el 20% de bienes y servicios en empresas nacionales cuando existan condiciones competitivas. También deberán acreditar que las inversiones no comprometen la sustentabilidad ambiental ni la infraestructura de la región donde se instalen.

Al final de la sesión, mientras se votaban los artículos del proyecto en particular, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubicó en el palco central del primer piso junto con Sharif Menem.

Desde el oficialismo defendieron el régimen como una herramienta indispensable para competir con otros países que ya ofrecen beneficios similares a las grandes inversiones. La media sanción fue posible gracias al respaldo de una amplia coalición parlamentaria. La Libertad Avanza reunió el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo de San Juan, La Neuquinidad, Independencia de Tucumán, Por Santa Cruz e Innovación Federal, el bloque que representa a legisladores de Misiones y Salta.

La oposición, en cambio, cuestionó el alcance de las exenciones fiscales y advirtió que el proyecto podría consolidar un esquema donde las provincias aporten recursos estratégicos mientras reciben una menor participación en la renta generada. El rechazo estuvo encabezado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición estuvo vinculado a la soberanía jurídica. Los bloques que rechazaron el proyecto advirtieron que el régimen habilita a las empresas adheridas a resolver eventuales conflictos con el Estado mediante tribunales arbitrales internacionales, en lugar de la Justicia argentina. A su criterio, esa posibilidad implica ceder capacidad de decisión sobre controversias vinculadas a inversiones estratégicas y limita el margen de acción del Estado nacional.

Martín Lousteau fue uno de los dirigentes que apuntó contra el proyecto. Sostuvo que el Super RIGI busca favorecer “al capital más desatado de cualquier tipo de control” y cuestionó que se otorguen beneficios extraordinarios a grandes inversores mientras, según señaló, “no hay plata” para jubilaciones, discapacidad, docentes, hospitales, universidades ni rutas.

El debate también giró en torno a la posibilidad de que las empresas recurran al arbitraje internacional, la estabilidad normativa durante tres décadas y el costo fiscal que asumiría el Estado para atraer inversiones de gran escala.

¿Qué beneficios ofrece el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15%.

• Amortización acelerada para inversiones en infraestructura y bienes de capital.

• Deducción de quebrantos sin límite de tiempo.

• Alícuota del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

• Certificados de crédito fiscal para cancelar el IVA de las inversiones.

• Exención de derechos de importación y exportación para bienes vinculados al proyecto.

• Reducción de las contribuciones patronales, con una alícuota única del 10% para los nuevos empleos generados.

• Libre disponibilidad progresiva de las divisas obtenidas por exportaciones, hasta alcanzar el 100% a los tres años.

• Sin obligación de liquidar en el país las divisas provenientes de aportes de capital o financiamiento.

• Estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social durante tres décadas.

• Protección frente a medidas confiscatorias o expropiaciones y posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para resolver conflictos con el Estado.

• Libre transferencia de acciones o participaciones de las empresas adheridas, sin autorización previa.

• Compatibilidad con otros regímenes de promoción, siempre que los beneficios no se superpongan

Ahora el proyecto deberá atravesar su discusión en el Senado, donde volverá a ponerse sobre la mesa si estos incentivos serán el motor que necesita Argentina para desarrollar nuevas industrias o si terminarán profundizando la dependencia de grandes capitales con escasas exigencias de agregado de valor local.