"El Estado Nacional y el INTA están funcionando como empresas de lucro": investigó la presencia de plaguicidas y podría ser exonerada
Virginia Aparicio participó del proyecto internacional SPRINT, que estudió la presencia de plaguicidas en personas, alimentos y el ambiente. El investigador del CONICET Guillermo Folguera cuestionó en diálogo con Telediario el proceso contra la científica y advirtió sobre la necesidad de utilizar los resultados para desarrollar políticas públicas de prevención.
El caso de Virginia Aparicio, científica del INTA que participó de una investigación internacional sobre la presencia de plaguicidas, abrió una fuerte discusión sobre el lugar de la ciencia pública, los controles ambientales y el destino de las investigaciones que ponen bajo la lupa el impacto de determinadas prácticas productivas.
Aparicio enfrenta un sumario que podría derivar en su exoneración del organismo. La investigadora formó parte del proyecto internacional SPRINT, financiado en Europa, que estudió la presencia de plaguicidas y otras sustancias químicas en el aire, el agua, los alimentos y las personas. Argentina fue incorporada como uno de los territorios de referencia para realizar comparaciones con los países europeos incluidos en la investigación.
En diálogo con Telediario, el investigador del CONICET Guillermo Folguera explicó que el trabajo realizado en el país incluyó mediciones sobre 73 personas. Según detalló, en ellas se encontraron entre 6 y 13 sustancias, mientras que en los alimentos analizados se registraron entre 6 y 22 y en los hogares, entre 43 y 86.
“Son todos números realmente impactantes”, afirmó Folguera, quien señaló que esta información resulta especialmente relevante para discutir medidas de prevención y monitoreo sanitario y ambiental.
Del resultado científico al conflicto dentro del INTA
El investigador recordó que en 2023 el INTA decidió desvincularse del proyecto SPRINT. Ahora, el conflicto tomó otra dimensión ante la posibilidad de que Aparicio sea exonerada.
Folguera cuestionó con dureza esa situación y reclamó que el organismo revea el proceso. Para el científico, el problema excede el futuro laboral de una investigadora: plantea qué hace el Estado con la información científica producida cuando los resultados pueden resultar incómodos o abrir debates sobre actividades económicas de enorme peso.
“Surge una enorme cantidad de datos muy valiosos para aplicar políticas públicas y, a su vez, en lugar de premiar a aquellos investigadores e investigadoras que los están impulsando, están siendo perseguidos”, sostuvo.
Mira la entrevista completa:
¿Qué controles existen sobre lo que llega al ambiente y a los alimentos?
Durante la entrevista con Telediario, Folguera también cuestionó la capacidad actual del Estado argentino para monitorear la presencia de sustancias potencialmente contaminantes.
“El Estado argentino en las últimas décadas desarmó todo proceso de monitoreo”, afirmó. Según explicó, existen falencias en la generación sistemática de información sobre presencia de sustancias en el ambiente, enfermedades y deterioro ambiental.
El planteo abre una discusión que atraviesa directamente a las regiones productivas: cómo compatibilizar producción, desarrollo económico y generación de alimentos con controles ambientales y sanitarios capaces de establecer qué sustancias llegan al agua, al suelo, a los hogares y finalmente a las personas.
Folguera reclamó que los resultados disponibles sean analizados por las instituciones públicas y mencionó específicamente la necesidad de una intervención coordinada de las áreas vinculadas a agricultura, salud y ambiente.
Durante la entrevista, Folguera advirtió que la exposición a este tipo de sustancias puede estar asociada a efectos tanto de corto plazo como crónicos. Entre los problemas que mencionó aparecen afecciones intestinales, alteraciones de la tiroides y distintos tipos de cáncer. El investigador también planteó su preocupación por cambios en los patrones de enfermedades registrados en el país y reclamó profundizar los estudios que permitan determinar el vínculo entre la exposición ambiental y sus consecuencias sobre la salud.
Una discusión que excede a una investigadora
El caso Aparicio pone así sobre la mesa dos discusiones paralelas. Una es institucional y gira alrededor del sumario que enfrenta la científica. La otra es mucho más amplia:
qué lugar ocupa la evidencia científica a la hora de discutir el modelo productivo, la salud pública y la protección ambiental.
Para Folguera, los datos obtenidos deberían convertirse en un punto de partida para profundizar las investigaciones y desarrollar políticas públicas. El debate adquiere particular relevancia en provincias y localidades donde la producción agropecuaria constituye uno de los principales motores económicos, pero donde también existe desde hace años una discusión sobre distancias de aplicación, controles y exposición de las comunidades.
Mientras continúa la controversia alrededor de la situación laboral de Virginia Aparicio, permanece abierta una pregunta central:
qué hará el Estado con los resultados de una investigación que busca conocer qué sustancias están presentes en el ambiente, los alimentos y el cuerpo de las personas.
