La Cámara Federal confirmó procesamientos por el uso de laboratorios de la UNRC para negocios privados

La Cámara Federal de Córdoba confirmó procesamientos contra docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto acusados de utilizar laboratorios públicos para realizar negocios privados. La causa incluye escuchas telefónicas, facturación paralela y el uso de infraestructura estatal para servicios a empresas particulares.

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La Cámara Federal de Córdoba confirmó los procesamientos contra docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto en una causa que investiga el presunto uso irregular de laboratorios públicos para realizar servicios privados a empresas.

La investigación apunta a maniobras realizadas dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales mediante una firma paralela denominada “A&B Agrobiotech Diagnóstica”.

Según el fallo, los acusados habrían utilizado infraestructura, equipamiento, insumos y tecnología de la universidad para brindar análisis y servicios a terceros por fuera de los canales oficiales de la institución. Parte de los trabajos se facturaban formalmente a nombre de la universidad, mientras que otros ingresos iban directamente a cuentas particulares.

Uno de los elementos que más peso tuvo en la resolución judicial fueron las escuchas telefónicas incorporadas a la causa.

En una de las conversaciones, el principal imputado, Oscar Alberto Masciarelli, hacía referencia a los presuntos manejos internos hablando de “curritos” dentro de la universidad.

Para los jueces, esas conversaciones evidencian que existía conocimiento sobre la operatoria y preocupación por ocultar documentación vinculada a la empresa paralela.

La Cámara confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Oscar Alberto Masciarelli, Lucas Antonio Gallarato y Roxana Judith Reynaga por presuntos delitos de peculado, administración infiel y defraudación contra la administración pública.

También ratificó el procesamiento de Gabriel Aguilar Mansilla por encubrimiento, al considerar que ocultó elementos tecnológicos durante los allanamientos realizados en la causa.

El tribunal, integrado por los jueces Graciela Montesi, Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, también resolvió modificar parcialmente la situación de otras dos investigadas.

En ese sentido, dictó la falta de mérito para Analía Susana Llanes y Julia Iparraguirre, al entender que no existían pruebas suficientes para sostener sus procesamientos en esta etapa del expediente.

La investigación judicial sostiene que las maniobras se habrían desarrollado durante años con un fuerte hermetismo y escasos controles internos. Entre las pruebas analizadas aparecen facturas vinculadas a empresas privadas que coincidían con clientes reales de la universidad, aunque parte de los fondos no ingresaban al patrimonio estatal.

El caso genera fuerte impacto en la comunidad universitaria de Río Cuarto, no solo por la gravedad de las acusaciones sino también porque involucra a espacios científicos y académicos de una institución pública de referencia en el sur de Córdoba. La causa continúa abierta y todavía podría avanzar hacia nuevas medidas judiciales.