"No alcanza con detener a los delincuentes": el nuevo plan de Córdoba contra el narco
- Telediario Digital
- hace 7 días
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El gobernador presentó el proyecto de ley antibúnker y antiaguantaderos, que permitirá intervenir y hasta demoler inmuebles utilizados para actividades delictivas. Reclamó un amplio consenso político para avanzar contra el narcotráfico.
El gobernador Martín Llaryora presentó este miércoles el proyecto de ley antibúnker y antiaguantaderos, una iniciativa que busca dotar al Estado provincial de nuevas herramientas para combatir el narcotráfico y otras organizaciones criminales.
La propuesta será enviada a la Legislatura y habilitará la intervención e incluso la demolición de inmuebles utilizados como centros de operaciones delictivas.
Durante el acto, acompañado por el presidente de la Legislatura, Facundo Torres, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el mandatario sostuvo que el objetivo es impedir que esos lugares vuelvan a ser utilizados por las bandas criminales.
"Siempre en las leyes hay derechos que se privilegian. El derecho que privilegiamos nosotros con esta ley es la paz de los vecinos y el combate contra los delincuentes y los narcotraficantes", afirmó.
Llaryora explicó que el delito evoluciona y que el Estado debe responder con herramientas acordes a esa transformación.
"Para la innovación delictiva también tenemos que tener la innovación en Seguridad", señaló.
En ese sentido, remarcó que muchas veces los delincuentes son detenidos, pero los inmuebles donde funcionaban los búnkeres permanecen en pie y terminan siendo reutilizados para cometer nuevos delitos.
"La tranquilidad llega cuando detenemos al delincuente y cuando derrumbamos ese lugar", enfatizó el gobernador. Además, pidió que el proyecto sea tratado con rapidez y logre el mayor respaldo posible dentro de la Legislatura. "En Córdoba somos hostiles con el narcotráfico", aseguró.
La iniciativa se suma a la estrategia provincial para reforzar el combate contra el narcotráfico mediante acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.
Si obtiene el respaldo legislativo, Córdoba incorporará una herramienta de fuerte impacto para intervenir sobre la infraestructura utilizada por las organizaciones criminales, en una política que podría convertirse en referencia para otras provincias.
