Familias atrapadas: la Defensoría de Río Cuarto recibió reclamos por $370 millones en deudas
Desde la Defensoría advierten un fuerte crecimiento de vecinos que buscan ayuda por deudas acumuladas. Señalan dificultades para refinanciar, tasas elevadas y prácticas de hostigamiento por parte de algunas empresas de cobranza.
La cantidad de vecinos que recurren a la Defensoría por problemas vinculados al endeudamiento creció de manera significativa en los últimos meses. Según explicaron desde el organismo, desde octubre y noviembre del año pasado comenzó a registrarse un aumento sostenido de consultas relacionadas con la imposibilidad de afrontar compromisos económicos.
El defensor del Pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie, alertó en diálogo con Telediario, que el problema no está vinculado a personas que desconocen sus obligaciones, sino a familias que manifiestan voluntad de pago, pero que no encuentran mecanismos de refinanciación acordes a sus ingresos actuales.
Frangie señaló que el escenario actual presenta dos grandes dificultades, por un lado la imposibilidad de acceder a refinanciaciones con condiciones razonables y las denuncias por prácticas abusivas de algunas empresas dedicadas al cobro de deudas.
“En todos los casos que se presentan acá no hay desconocimiento de deuda, sino la imposibilidad de pagarlas. Hay voluntad de pago, pero con tasas más razonables y con cuotas que se ajusten a las posibilidades de los vecinos”, explicó el defensor del Pueblo.
Según detalló Frangie, una de las características que se repite en los casos que llegan a la Defensoría es que muchas deudas no están vinculadas a consumos extraordinarios, sino a gastos cotidianos de las familias.
“La mayoría de los casos que hemos recibido son deudas a partir de consumos en alimentos, en servicios y medicamentos”, afirmó.
El funcionario indicó que entre los principales afectados aparecen jubilados, trabajadores formales y monotributistas. Si bien destacó que la mayor cantidad de consultas corresponde a personas mayores de 45 o 50 años, advirtió que el universo de afectados es más amplio.
Otro de los puntos señalados por Frangie tiene que ver con el accionar de determinadas empresas de cobranza. Según explicó, en muchos casos no se trata de las entidades financieras originales, sino de estudios o firmas especializadas en recuperación de deuda.
“No sabemos qué vínculo tienen, si es que han comprado la deuda o si han sido contratadas”, indicó.
En ese sentido, marcó una diferencia entre el derecho de los acreedores a reclamar el pago y los límites que deben respetarse en esos reclamos.
“El acreedor tiene derecho a cobrar lo que se le debe, pero no tiene derecho a abusarse en el reclamo. Y el deudor tiene la obligación de pagar, pero también tiene derecho a encontrar situaciones de pago que permitan hacerlo”, sostuvo.
Frangie aportó un dato que refleja la magnitud del problema, a fines de julio, la Defensoría había recibido reclamos por unos 370 millones de pesos en deudas, mientras que las refinanciaciones ofrecidas superaban los 780 millones de pesos.
Para el defensor del Pueblo, esa diferencia evidencia un problema en las condiciones financieras aplicadas.
“Las tasas de interés que se aplican no se condicen ni con la inflación ni con los niveles de actualización salarial que han tenido las familias”, cuestionó.
Desde la Defensoría plantean la necesidad de generar mecanismos de refinanciación accesibles y garantizar que quienes atraviesan una situación de endeudamiento puedan encontrar una salida sin quedar atrapados en un ciclo de intereses crecientes.
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