Paro de prácticos y pilotos paraliza los puertos argentinos: 140 buques afectados por el conflicto con el Gobierno

El cese de actividades de los prácticos, pilotos y baqueanos dejó embarcaciones sin operar y encendió alertas en el comercio exterior. El sector reclama la suspensión de un decreto del Gobierno que modifica el régimen de practicaje, mientras la Nación sostiene que busca reducir costos logísticos.

---

El sistema portuario argentino quedó prácticamente paralizado luego de que los prácticos, pilotos y baqueanos iniciaran un cese de actividades por tiempo indeterminado en rechazo al Decreto 690/2026 del Gobierno nacional. La medida afecta el ingreso y egreso de barcos y ya generó demoras en exportaciones de granos, operaciones energéticas y distribución de combustibles.

Según el Centro de Navegación, al menos 140 buques quedaron pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, una cifra que podría aumentar con el paso de las horas.

La entidad advirtió por pérdidas económicas, incumplimientos comerciales y el riesgo de que algunas cargas sean derivadas hacia puertos de Uruguay y Brasil.

La medida no solo afecta al comercio exterior: también pone en alerta al abastecimiento energético interno. La interrupción del servicio alcanza a terminales estratégicas como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca y San Lorenzo, desde donde se distribuyen nafta, gasoil y fuel oil hacia distintos puntos del país. Además, incluye a Santa Cruz y a Caleta Córdova, en Chubut, una terminal clave para el traslado de crudo hacia las refinerías.

La Cámara Argentina de Energía alertó que la interrupción del servicio puede afectar la logística de combustibles, debido a que varios muelles utilizados para la distribución de nafta, gasoil y fuel oil quedaron sin operaciones normales. También quedó demorada una maniobra vinculada al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, uno de los principales desarrollos energéticos del país.

El Decreto 690/2026 impulsado por Javier Milei y Federico Sturzenegger forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para reducir lo que denomina “costo argentino”. Según el Ejecutivo, el esquema vigente desde 1991 generaba restricciones a la competencia y mayores costos para la actividad portuaria. La nueva normativa busca flexibilizar el sistema de practicaje, habilitar más prestadores y modificar las reglas de contratación del servicio.

El conflicto enfrenta dos posiciones. Desde el Gobierno aseguran que la reforma busca abrir la competencia, bajar costos y eliminar regulaciones que encarecen la actividad.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo Federico Sturzenegger al defender la medida.

Desde el sector de prácticos advierten que la modificación pone en riesgo la seguridad de la navegación y reclaman suspender el decreto antes de iniciar una negociación.

La tensión en los puertos se da en un contexto de menor ingreso de divisas del complejo agroexportador. Según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las empresas del sector liquidaron en julio USD 2.918 millones, un 3% menos que en junio y un 28% por debajo del mismo mes de 2025. En lo que va del año, la liquidación acumulada alcanza los USD 16.297 millones, con una caída del 16% interanual.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta para 2026 una liquidación total cercana a los USD 34.897 millones, aunque esa estimación ya fue recortada en unos USD 1.200 millones respecto de la previsión realizada en mayo. La evolución del comercio exterior aparece así atravesada por dos factores: el menor ritmo de liquidación del agro y las dificultades logísticas generadas por el conflicto portuario.

Mientras continúan las conversaciones, las provincias productoras y exportadoras observan con preocupación un conflicto que puede impactar en el ingreso de divisas, la actividad industrial y las cadenas logísticas del interior.