A casi 50 años, comienza un juicio histórico con 21 acusados por delitos de lesa humanidad
La megacausa Gutiérrez-Di Santo investigará más de 60 hechos cometidos entre 1975 y 1978 en Río Cuarto y el sur de Córdoba. Hay más de 70 víctimas y entre los acusados figura Miguel Ángel Salinas, condenado por la masacre del Banco Popular. En diálogo con Telediario, la abogada querellante María Julia Oberti y el subsecretario de Juventud y Derechos Humanos, Miguel Alonso, destacaron la trascendencia del proceso.
Este martes 20 de octubre comenzará en Córdoba uno de los juicios por delitos de lesa humanidad más importantes de la historia de la provincia. Se trata de la megacausa Gutiérrez-Di Santo, un proceso que buscará esclarecer los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en Río Cuarto y el sur cordobés, tanto antes como después del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba y reunirá más de 60 hechos, más de 70 víctimas y 21 acusados, entre exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de las policías provincial y federal. La investigación comprende secuestros, privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y delitos contra la integridad sexual.
La causa lleva originalmente el nombre de Hermes Vicente Gutiérrez, exjefe del Batallón de Arsenales de Holmberg, señalado como una figura central de la estructura represiva regional. Tras su fallecimiento, el expediente pasó a identificarse también como causa Di Santo.
Los crímenes de la dictadura también ocurrieron en Río Cuarto
Uno de los aspectos centrales del juicio será reconstruir cómo funcionó el aparato represivo estatal en el sur de Córdoba entre 1975 y 1978.
La investigación analiza la presunta actuación coordinada de integrantes del Ejército, la Policía de Córdoba y la Policía Federal. Entre los lugares señalados aparecen el Batallón de Arsenales de Holmberg, dependencias de la Policía provincial y la delegación de la Policía Federal en Río Cuarto.
Según la acusación, algunas de estas instituciones, que funcionaban legalmente, también habrían sido utilizadas como centros clandestinos de detención y tortura.
Entre las víctimas se encuentran estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, además de militantes políticos, dirigentes sindicales y referentes sociales.
La reconstrucción de estos hechos permitirá establecer cómo se desarrolló la persecución política en una región cuya historia durante el terrorismo de Estado permaneció durante décadas sin un juzgamiento integral.
“Hablar de justicia después de 50 años es un poco raro”
En diálogo con Telediario, Miguel Alonso, subsecretario de Juventud y Derechos Humanos de Río Cuarto, destacó la dimensión del proceso judicial y aseguró que se trata de la segunda megacausa por delitos de lesa humanidad más importante de Córdoba, después de La Perla.
Alonso explicó que la investigación llegó a reunir más de 100 imputados, pero que el paso del tiempo, el fallecimiento de acusados y distintos sobreseimientos redujeron esa cifra a los 21 que enfrentarán el debate oral.
“Hablar de justicia después de 50 años es un poco raro”, expresó el funcionario, aunque subrayó que el proceso tiene una relevancia fundamental para reconstruir la verdad histórica.
“En el interior del interior también pasaban cosas”, señaló Alonso, al remarcar la importancia de visibilizar los crímenes cometidos fuera de los grandes centros urbanos del país.
También destacó el trabajo sostenido durante décadas por organismos de derechos humanos, familiares de víctimas, sobrevivientes y distintas instituciones que impulsaron la investigación.
En ese sentido, valoró la continuidad de las políticas públicas de derechos humanos en Río Cuarto y el compromiso de las diferentes gestiones municipales con la memoria, la verdad y la justicia.
María Julia Oberti: “La dictadura también estuvo acá”
La abogada querellante María Julia Oberti remarcó que el juicio representa una oportunidad fundamental para reconstruir lo ocurrido en Río Cuarto y su zona de influencia.
Durante la entrevista con Telediario, explicó que muchos de los hechos investigados sucedieron en espacios conocidos por los habitantes de la ciudad, incluidos sectores céntricos y la propia Universidad Nacional de Río Cuarto.
“La dictadura también estuvo acá”, sostuvo Oberti, quien advirtió sobre la gravedad de los crímenes cometidos mediante la utilización del aparato estatal.
La abogada también rechazó cualquier interpretación que presente aquellos hechos como un enfrentamiento entre sectores en igualdad de condiciones.
“Jamás se podría hablar de una guerra o adversarios en igualdad de posiciones”, expresó, al señalar que se trató del accionar del Estado contra civiles y que cualquier eventual conducta delictiva debía ser investigada mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
Para Oberti, el juicio también tiene una dimensión generacional: permitirá que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió en la ciudad y comprendan la importancia de mantener viva la memoria sobre el terrorismo de Estado.
Entre los acusados figura un condenado por la masacre del Banco Popular
Uno de los nombres que vuelve a cobrar relevancia en Río Cuarto es el de Miguel Ángel Salinas, condenado por la masacre del Banco Popular Financiero, ocurrida el 16 de septiembre de 1987.
En aquel episodio fueron asesinados seis trabajadores bancarios y una séptima persona sobrevivió al ataque. Salinas fue condenado a prisión perpetua por esos crímenes y posteriormente recuperó la libertad condicional.
Ahora figura entre los acusados de la megacausa Gutiérrez-Di Santo, por su presunta participación en secuestros y torturas durante el terrorismo de Estado.
Se trata de una investigación judicial diferente de aquella por la que ya recibió condena. Su responsabilidad penal en los hechos de lesa humanidad deberá ser determinada durante el nuevo juicio.
Un proceso que podría extenderse hasta 2027
El juicio comenzará este martes 20 de octubre en Córdoba y tendrá un extenso cronograma de audiencias que, según las previsiones judiciales, podría prolongarse hasta mediados de 2027.
Durante el debate se escucharán testimonios de víctimas, sobrevivientes y familiares, además de analizarse documentación y otras pruebas reunidas a lo largo de décadas de investigación.
La Municipalidad de Río Cuarto participa como querellante a través de la Comisión Municipal de la Memoria. También resultó fundamental el aporte de documentación histórica vinculada con la Universidad Nacional de Río Cuarto.
A casi cinco décadas de los hechos investigados, la megacausa representa un paso histórico para esclarecer el funcionamiento de la represión ilegal en el sur de Córdoba, determinar responsabilidades individuales y dar una respuesta judicial a las víctimas y sus familias.
