A pesar de la contundente marcha, el Concejo de Bahía Blanca no trató el proyecto contra los agresores del coipo
- Telediario Digital
- 12 jun
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Tras la viralización del ataque a un coipo, miles de vecinos marcharon para exigir justicia. Mientras la Justicia y la UTN avanzan en sanciones, el Concejo Deliberante no logró aprobar un proyecto para declarar personas no gratas a los agresores.
La ciudad de Bahía Blanca sigue conmocionada tras la viralización de un video en el que Juan Bautista Bravo (18) golpea brutalmente a un coipo, mientras Imanol Santerre graba la secuencia. La acción generó una ola de repudio y activó medidas académicas y judiciales, pero también puso al descubierto la desconexión de algunos representantes políticos con la ciudadanía.
Ayer, miles de vecinos participaron en la Plaza Rivadavia de una marcha multitudinaria contra el maltrato animal. Convocados por Alianza Animal y Mascoteros Bahienses, los ciudadanos reclamaron justicia y sanciones ejemplares para los responsables del ataque. Sin embargo, en el Concejo Deliberante, los concejales no lograron ponerse de acuerdo y no se trató el proyecto de resolución para declarar personas no gratas a los agresores.
Mientras tanto, la UTN Bahía Blanca suspendió preventivamente a Juan Bautista Bravo y solicitó un Juicio Académico por violencia animal, destacando que su conducta es repudiable y contraria a la ética y los principios de convivencia con los animales.
La Justicia, a cargo de la fiscal Marina Lara, continúa con la investigación.
Recientemente, se allanaron las viviendas de Bravo y Santerre para el secuestro de los celulares, con el objetivo de recuperar los videos originales y diálogos que puedan aportar información sobre la posible participación de un tercer joven, quien retiró el cuerpo del coipo y podría ser imputado por encubrimiento.
En paralelo, los dos jóvenes acusados pidieron que la Justicia revise las amenazas que recibieron desde que se viralizó el video. Según indicaron, las personas que reaccionaron con mensajes amenazantes podrían enfrentar delitos más graves según el Código Penal, lo que genera una paradoja: algunos vecinos podrían tener consecuencias judiciales mayores que los propios acusados.
El caso se enmarca en la Ley 14.346 de Protección Animal y la Ley 22.421 de Conservación de Fauna Silvestre, que contemplan sanciones de hasta un año de prisión y posibles inhabilitaciones para los responsables. Además, el municipio, a través de Mariana Sierra, se presentó como particular damnificado, y Gisela Caputo, presidenta del HCD, promovió un proyecto solicitando sanciones contra los agresores, que finalmente no se trató.
Este episodio evidencia la necesidad de no naturalizar la crueldad hacia los animales. La combinación de movilización social, medidas académicas y actuación judicial busca enviar un mensaje claro: los actos de violencia contra los seres indefensos no pueden quedar impunes, y la indiferencia política no puede silenciar la indignación de la comunidad.
