Abuso sexual a menores en Córdoba: uno de los campos investigados es propiedad de un legislador
- Telediario Digital
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La fiscal Analía Cepede confirmó que la causa ya tiene 11 personas detenidas y que se analizan celulares secuestrados en los allanamientos. Uno de los principales acusados es un asesor del legislador Ramón Ernesto Flores. La Justicia aclaró que, hasta el momento, no hay elementos que vinculen al dirigente con los hechos investigados.
La investigación que comenzó con la búsqueda de una adolescente que no regresaba a su casa derivó en una compleja causa por presunto grooming, abuso sexual y explotación sexual de menores en Villa de María de Río Seco. La fiscal de Dean Funes, Analía Cepede, confirmó que ya son 11 las personas detenidas y que la Justicia continúa analizando pruebas para determinar el alcance de la trama.
Según explicó la funcionaria judicial, entre los últimos se realizaron nuevos allanamientos que permitieron sumar dos detenidos más. Entre los acusados aparece José Aníbal Ricardo Villarreal, quien al momento de los hechos se desempeñaba como asesor del legislador oficialista Ramón Ernesto Flores.
Cepede reveló que uno de los lugares donde se habrían cometido los abusos sería un predio rural que pertenecía al legislador Flores. “Hay una ubicación particular en un predio rural que le pertenecía al legislador”, explicó la fiscal. Sin embargo, aclaró que por el momento no existen elementos que vinculen al dirigente político con los delitos investigados.
“Por el momento solo tenemos señalado al asesor por lo que hizo”, sostuvo Cepede, quien además indicó que Flores comunicó la desvinculación de Villarreal de la Legislatura luego de conocerse su detención.
La fiscal explicó que los imputados no tienen todos la misma situación dentro de la causa. Algunos están acusados de abusos sexuales contra menores, mientras que otros habrían realizado contactos a través de medios digitales con fines de atentar contra la integridad sexual.
La investigación comenzó luego de que una familia denunciara la ausencia de una adolescente. A partir del seguimiento de su teléfono celular, los investigadores lograron ubicarla en Sumampa, Santiago del Estero, junto a otra menor. El abordaje posterior permitió abrir una causa que, según la fiscal, no se trataría de un episodio aislado.
“Nos damos cuenta de que en realidad esto no era un hecho aislado”, había señalado Cepede, al explicar que las menores habrían estado expuestas durante meses a contactos y situaciones que ahora son investigadas.
Dentro de las pruebas incorporadas, la Justicia secuestró celulares de los detenidos, cuyo contenido será analizado para determinar comunicaciones, contactos y posibles responsabilidades. “Es materia de análisis qué va a surgir de esas conversaciones”, afirmó la fiscal.
Además, Cepede confirmó un dato que generó impacto dentro de la investigación: dos menores tenían colocados chips anticonceptivos. La funcionaria aclaró que se investigará la responsabilidad institucional vinculada a esa situación y que no se cuestiona únicamente la colocación del dispositivo, sino el contexto en el que ocurrió.
Uno de los padres denunciantes contó que aportó audios y datos que permitieron avanzar en la causa. Según relató, su hija habría recibido contactos de personas que le ofrecían dinero y que también habría existido la intervención de un remisero para trasladar a las menores.
“Una persona las llamó ofertándoles plata”, afirmó el hombre, quien pidió que sea la Justicia la encargada de determinar responsabilidades. “La que tiene la verdad es la fiscal, no más, es la única persona que les va a decir la verdad”, expresó.
La causa continúa abierta con el análisis del material secuestrado y nuevas declaraciones. Mientras tanto, los 11 detenidos permanecen alojados en el complejo carcelario de Cruz del Eje y la fiscalía no descarta nuevas medidas en función de los avances de la investigación.
