Cambios en Discapacidad: el Gobierno designó a Pablo Di Liscia en plena disputa por el Presupuesto 2027
El ex titular del IOMA reemplazará a Alejandro Vilches, quien renunció en medio de la discusión por los cambios que el Ejecutivo había incluido para el sector. El nuevo funcionario tendrá a su cargo las auditorías de pensiones mientras el oficialismo negocia en el Congreso cómo quedarán el nomenclador, las prestaciones y la compatibilidad de las pensiones con el empleo.
El Gobierno nacional confirmó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario Nacional de Discapacidad, apenas un día después de la salida de Alejandro Vilches. El cambio ocurre en un momento en el que el Congreso discute el Presupuesto 2027 y, en paralelo, el oficialismo negocia modificaciones al esquema de pensiones y prestaciones para personas con discapacidad. El Ministerio de Salud confirmó que Di Liscia tendrá entre sus objetivos mejorar el acceso a las prestaciones, reforzar los mecanismos de control y continuar las auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral.
Di Liscia llega con antecedentes en administraciones vinculadas al PRO. Entre 2017 y 2019 presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires y anteriormente fue subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Su designación durante la gestión de María Eugenia Vidal en IOMA está registrada oficialmente por la Provincia de Buenos Aires. Según publicó Infobae, su nombre fue acercado al área por el ministro de Economía, Luis Caputo, por su experiencia en administración y revisión de estructuras de gasto.
La llegada del nuevo funcionario se produjo tras la renuncia de Alejandro Vilches, quien argumentó “motivos personales”. Sin embargo, su salida coincidió con las tensiones políticas generadas por el capítulo de Discapacidad incluido inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027. Ese texto planteaba cambios relevantes, como eliminar los valores universales del nomenclador, modificar su mecanismo de actualización y establecer nuevas condiciones para acceder a las pensiones no contributivas.
Después de los cuestionamientos de bloques aliados y sectores vinculados a la discapacidad, el oficialismo abrió una negociación en Diputados. El borrador discutido este martes supone modificaciones respecto del proyecto presupuestario original. Mantendría un nomenclador único y la actualización mensual de las prestaciones, además de conservar el Certificado Único de Discapacidad y permitir que determinadas pensiones continúen aun cuando el beneficiario acceda a un trabajo, siempre que sus ingresos no superen el límite establecido. El texto todavía debía recibir la aprobación definitiva de la Casa Rosada y atravesar el debate parlamentario.
Actualmente, el nomenclador se actualiza de acuerdo con la inflación. El último incremento oficializado fue del 1,7% para septiembre, calculado sobre la variación del IPC de agosto, y comprende servicios como rehabilitación, centros de día, formación laboral, escolaridad, prestaciones de apoyo y transporte. También continúa vigente un adicional del 20% por zona desfavorable para las provincias patagónicas.
El proyecto presupuestario original permitía que obras sociales, prepagas o jurisdicciones negociaran valores diferenciados para las prestaciones, lo que abría la posibilidad de mayores diferencias entre provincias y sistemas de cobertura. El nuevo borrador busca conservar una referencia nacional, una cuestión especialmente relevante para garantizar reglas comunes para prestadores y familias independientemente del lugar del país donde residan.
Di Liscia asumirá así con una doble tarea. Administrar y auditar un área que el Gobierno pretende reorganizar y, al mismo tiempo, conducirla mientras el Congreso define las reglas que regirán desde 2027. La definición final sobre el nomenclador, las pensiones y su compatibilidad con el empleo será uno de los puntos centrales del debate legislativo de los próximos días.
