Con 71 votos a favor, el Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad: qué cambia y cuáles son sus alcances
Actualizado: hace 11 horas
La Cámara alta aprobó las modificaciones realizadas por Diputados y dio sanción definitiva a una legislación que reemplaza el esquema de emergencia por un sistema permanente. La votación se produjo en una jornada atravesada por debates sobre propiedad privada, patentes y apuestas online.
El Senado de la Nación convirtió este jueves 19 de noviembre en ley el nuevo régimen de discapacidad, con 71 votos a favor y un amplio respaldo parlamentario. La Cámara alta aceptó sin modificaciones el texto aprobado previamente por Diputados y dio sanción definitiva a una iniciativa que busca garantizar mayor estabilidad al sistema de pensiones, prestaciones y servicios destinados a personas con discapacidad.

La nueva legislación, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reemplaza el esquema de emergencia vigente hasta diciembre de 2026 por un régimen permanente. El objetivo es establecer reglas de acceso, mecanismos de actualización de prestaciones, controles y fuentes de financiamiento que permitan sostener el funcionamiento del sistema a largo plazo.

¿Qué cambia con la nueva ley de discapacidad?
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca establecer reglas estables para el funcionamiento del sistema y garantizar la continuidad de derechos y prestaciones.
Entre sus principales disposiciones se destacan la compatibilidad entre el trabajo formal y el cobro de pensiones por discapacidad, la actualización de los valores de las prestaciones y la implementación de mecanismos de control y auditoría para verificar el otorgamiento de beneficios.
El proyecto también contempla un nomenclador de prestaciones y mecanismos de financiamiento identificados, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a las instituciones y profesionales que trabajan en la atención de personas con discapacidad.
El tratamiento de la ley estuvo acompañado por fuertes cuestionamientos de sectores opositores a las políticas de discapacidad implementadas por el Gobierno nacional.
Durante el debate se plantearon dificultades vinculadas con el acceso a medicamentos, tratamientos, transporte y servicios de rehabilitación, además de la situación económica de los prestadores.
Desde el oficialismo defendieron la necesidad de establecer controles, mejorar la transparencia y avanzar hacia un sistema con financiamiento identificado y reglas permanentes.
La sanción de la ley de discapacidad se produjo durante una sesión con una agenda legislativa más amplia, en la que también se incluyeron proyectos vinculados con la protección de la propiedad privada, la restitución de la Ley de Tierras y la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
Más allá de la sanción legislativa, uno de los principales interrogantes será cómo se implementará la nueva normativa en todo el territorio nacional.
En numerosas ciudades del interior, las familias enfrentan dificultades para acceder a profesionales especializados, centros de rehabilitación y servicios de transporte. Las distancias, los costos y la disponibilidad de prestadores pueden condicionar el acceso efectivo a tratamientos.
En ese escenario, la aplicación federal de la ley y la distribución de los recursos serán determinantes para evitar desigualdades entre las grandes ciudades y las localidades más alejadas.
Con la sanción definitiva, el proyecto queda en condiciones de ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. La discusión pasará ahora del Congreso a la implementación concreta de las medidas y la garantía de recursos suficientes para sostener las prestaciones.




