¿Cómo frenar al narco en los pueblos? el reclamo de un cura que obligó al Gobierno a dar respuestas
Tras el reclamo realizado por el padre Ángel en Villa Valeria, el Gobierno provincial reconoció la necesidad de fortalecer la presencia estatal y el compromiso de las instituciones locales.
El reclamo del padre Ángel por el avance de las drogas en Villa Valeria abrió una discusión que excede a esa localidad y pone el foco sobre una problemática que también atraviesa a pequeños pueblos del sur provincial. Tras reunirse con el sacerdote, el ministro provincial reconoció la legitimidad de su pedido y admitió que el Estado debe mejorar sus mecanismos para llegar al territorio.
“Donde el Estado no llega, donde no se llega bien, hay que gritar y usted es un referente social y está bueno”, contó el funcionario que le respondió al sacerdote. Y agregó que el Estado debe “mejorar los mecanismos” para alcanzar a todos los pueblos y ciudades, además de “sacudir de alguna manera la modorra” entre quienes tienen responsabilidades frente al problema.
El ministro de Justicia, Julian Lopez, oriundo de Melo y residente en el sur provincial, sostuvo que el fenómeno dejó de ser una realidad asociada exclusivamente a las grandes ciudades. Como ejemplo, relató que incluso en su localidad, de alrededor de mil habitantes, hubo procedimientos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y de la Justicia que terminaron con personas detenidas por comercialización de drogas.
"También en pueblos muy pequeños existe esta realidad". afirmó.
Durante la entrevista, el funcionario defendió las políticas implementadas por Córdoba contra el narcotráfico. Mencionó la adhesión provincial a la desfederalización de la lucha contra las drogas, la existencia de una fuerza especializada y de un fuero específico y aseguró que la cantidad de fiscalías antinarcotráfico pasó de 7 a 14. También señaló la incorporación de casi 250 integrantes provenientes de fuerzas nacionales o militares a la FPA y destacó la reciente reglamentación de la denominada ley antibúnker.
Sin embargo, el propio funcionario puso el foco sobre una deuda que va más allá de las fuerzas de seguridad y la Justicia: la reconstrucción del tejido social. En ese sentido, explicó que el programa “Juntos en Alerta” busca involucrar a docentes, clubes, representantes religiosos, instituciones intermedias y funcionarios municipales, provinciales y nacionales para construir redes de información y facilitar mecanismos de denuncia privada y anónima.
La mirada adquiere una dimensión especialmente sensible para el interior. El planteo surgido desde Villa Valeria expone el desafío de enfrentar un fenómeno que, según reconoció el propio Gobierno, también está presente en localidades pequeñas.
“El narcotráfico es quizás el principal flagelo que enfrenta la República Argentina en los años que vivimos”, sostuvo el funcionario. Y planteó que, además de la responsabilidad nacional, “las provincias tienen que hacer lo suyo y también los municipios”, reclamando mayor compromiso de los representantes locales y las instituciones intermedias.
Sobre el final, el ministro destacó el peso de la participación ciudadana en las investigaciones. Según aseguró, más de la mitad de las investigaciones que se llevan adelante en el fuero de lucha contra el narcotráfico provincial se inician a partir de llamadas al 0800 y denuncias anónimas.
El funcionario remarcó que quienes aportan información no deben ratificar posteriormente la denuncia ni aportar datos personales. Para el Gobierno provincial, ese mecanismo resulta central para que fiscales e investigadores puedan acceder a información que muchas veces solamente conocen quienes viven en cada barrio o localidad.
