Denuncian a una empleada municipal por desviar más de $7 millones destinados a programas habitacionales
La Municipalidad de Río Cuarto presentó una denuncia penal contra una trabajadora de la Subsecretaría de Hábitat, acusada de endosar alrededor de 60 cheques y depositarlos en su cuenta bancaria personal. La maniobra fue detectada mediante auditorías internas.
La Municipalidad de Río Cuarto denunció penalmente a una empleada contratada que se desempeñaba en la Subsecretaría de Hábitat, por una presunta maniobra de desvío de fondos públicos destinados a asistir a familias con necesidades habitacionales.
Según explicó el fiscal municipal, Ricardo Muñoz, las irregularidades fueron detectadas a partir de informes y auditorías de las secretarías de Obras y Servicios Públicos y de Economía.
La investigación interna permitió identificar alrededor de 60 cheques que habrían sido endosados por la trabajadora y depositados en una cuenta bancaria a su nombre, generando un presunto perjuicio económico superior a los 7 millones de pesos.
De acuerdo con Muñoz, la empleada habría proporcionado información falsa u ocultado datos para inducir a error a los funcionarios responsables de autorizar los pagos.
De esta manera, lograba que se emitieran cheques que debían ser destinados a beneficiarios de un fondo social para atender problemáticas habitacionales. Sin embargo, en lugar de llegar a sus destinatarios, los documentos eran retenidos, endosados y depositados en su cuenta personal.
El fiscal municipal confirmó que la mujer ingresó al municipio en 2011 y que, al menos desde 2014, cumplía funciones en el área de Hábitat.
Tras detectarse las irregularidades, fue suspendida y apartada de sus tareas habituales. Además, se inició un procedimiento disciplinario que podría derivar en la finalización de su vínculo contractual.
La identidad de la denunciada no fue difundida públicamente, aunque sus datos personales y la documentación reunida fueron entregados a la Fiscalía de Instrucción.
Muñoz precisó que las irregularidades comprobadas por el municipio corresponden al período iniciado en julio de este año, aunque no descartó que existan operaciones anteriores.
La primera denuncia penal fue presentada a comienzos de octubre y posteriormente se realizaron ampliaciones, incluida una impulsada por la Fiscalía Municipal tras determinarse el monto del presunto perjuicio.
El municipio solicitó intervenir como querellante particular y actor civil, con el objetivo de aportar pruebas a la investigación y procurar la recuperación del dinero.
Ahora será la Justicia la encargada de determinar el alcance de las maniobras denunciadas y la eventual responsabilidad penal de la trabajadora.
