Ajuste en discapacidad: “Los que estafan son los que están a cargo de la ANDIS”
Marta Lastra apuntó contra la conducción de la ANDIS y el Ministerio de Salud, defendió el sistema de certificación de discapacidad y advirtió sobre el impacto de las reformas incluidas en el Presupuesto 2027.
La discusión por las políticas nacionales de discapacidad volvió a sumar tensión en medio del debate por el Presupuesto 2027 y la continuidad de la emergencia en discapacidad.
En diálogo con Telediario Federal, la abogada especialista Marta Lastra cuestionó con dureza el enfoque del Gobierno nacional y apuntó contra quienes, según afirmó, intentan instalar la idea de que detrás de certificados y prestaciones existen maniobras generalizadas para defraudar al Estado.
Lastra sostuvo que presentar a personas con discapacidad y sus familias como posibles responsables de irregularidades implica una estigmatización y defendió los mecanismos utilizados para otorgar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
“Me parece tan bajo agredir o estigmatizar a una persona porque tiene cierto tipo de diagnóstico, que no tiene nada que ver con que esté estafando al Estado”, afirmó.
“Los que están estafando son los que están a cargo”
En uno de los tramos más fuertes de la entrevista, Lastra dio vuelta el cuestionamiento y lanzó una grave acusación contra funcionarios del área nacional de discapacidad y del Ministerio de Salud.
“No podemos perder el foco. Los que están estafando, los que están delinquiendo son los que están a cargo de la ANDIS, son los que están en el Ministerio de Salud de la Nación”, manifestó.
La abogada también rechazó que se instale la sospecha sobre quienes reciben prestaciones y cuestionó que casos de presuntas irregularidades sean utilizados para poner bajo sospecha al conjunto del sistema. Según explicó, para acceder a un CUD existe un procedimiento administrativo que contempla evaluaciones interdisciplinarias, documentación médica, informes terapéuticos y, cuando corresponde, antecedentes escolares.
El reclamo por el Presupuesto 2027
Lastra también puso el foco en las modificaciones que se discuten para el sistema de discapacidad. Señaló que desde el sector esperan que el Gobierno no realice solamente cambios parciales al proyecto, sino que retire aquellas disposiciones que consideran regresivas.
“Espero que saquen todo lo que está atacando la discapacidad”, sostuvo al referirse a las modificaciones vinculadas con pensiones, el Certificado Único de Discapacidad y el régimen de prestaciones.
Además, cuestionó una eventual modificación de la Ley de Prestaciones Básicas que, de acuerdo con lo señalado por la entrevistada, podría modificar el esquema de prestaciones educativas y de transporte y trasladar responsabilidades hacia las provincias. Lastra reclamó que cualquier reforma sea discutida con las personas con discapacidad, las familias y las organizaciones del sector.
El planteo abre también una discusión federal: cualquier modificación que transfiera responsabilidades desde Nación hacia las provincias puede impactar de manera diferente según la capacidad presupuestaria, sanitaria y administrativa de cada jurisdicción. Por eso, además del debate sobre el gasto nacional, uno de los puntos centrales será conocer qué obligaciones asumirían las provincias y con qué recursos deberían financiarlas.
Qué sostiene el Gobierno
Desde el Gobierno nacional sostienen que la política implementada busca garantizar las prestaciones, ordenar el sistema de pensiones y fortalecer los mecanismos de transparencia. A comienzos de septiembre, el entonces secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, expuso esos lineamientos ante la Comisión de Discapacidad de Diputados.
En paralelo, el 18 de septiembre se oficializó una actualización del 1,7% para los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, calculada sobre la variación del IPC de agosto. La resolución alcanza a las distintas prestaciones incluidas en el nomenclador y mantiene un adicional del 20% por zona desfavorable para la Patagonia.
Lastra, sin embargo, reclamó que la discusión no quede reducida a actualizaciones económicas y exigió el cumplimiento integral de la legislación de emergencia. También pidió a diputados y diputadas nacionales, particularmente a los representantes de Córdoba, que rechacen cualquier artículo que implique un retroceso para las personas con discapacidad.
