El agro presiona al Senado por la ley de biocombustibles: más cortes, inversiones y una disputa que divide al sector
Cámaras, Bolsas y entidades productivas reclamaron el “urgente tratamiento” del nuevo marco regulatorio. El proyecto aumenta la mezcla obligatoria de biodiésel y bioetanol, pero abre una fuerte discusión por el lugar que tendrán las pymes frente a las grandes aceiteras.
El sector agroindustrial volvió a poner presión sobre el Congreso. Distintas entidades productivas de todo el país reclamaron este martes al Senado el “urgente tratamiento y la aprobación” del nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, una iniciativa que ya obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
El proyecto, construido sobre la iniciativa presentada por Patricia Bullrich y otros expedientes vinculados, propone cambios de peso en un sector estratégico para varias provincias. En bioetanol, el corte obligatorio en las naftas pasaría del actual 12% al 15%: 6% correspondería al producido a partir de maíz, otro 6% al elaborado con caña de azúcar y el 3% restante quedaría abierto a competencia. Además, ninguna empresa podría concentrar más del 20% del volumen comercializado dentro del corte obligatorio.
Para el biodiésel, el esquema prevé mantener inicialmente un corte del 7,5% y llevarlo al 10% después de los primeros 12 meses. Allí aparece, sin embargo, el punto más conflictivo de la discusión: la progresiva apertura del mercado a empresas integradas y grandes aceiteras, que hoy tienen vedada parte de la comercialización destinada al corte interno.
La pelea por el mercado del biodiésel
El nuevo esquema reduciría gradualmente la porción reservada para las empresas no integradas (pymes). Cuando el corte llegue al 10%, las pymes conservarían inicialmente un 6,5%, mientras que el restante 3,5% quedaría bajo libre negociación. Luego esa participación protegida seguiría reduciéndose hasta llegar a un piso del 3%.
Ese punto expuso una fractura dentro de la propia cadena productiva. Mientras Bolsas, cámaras agroindustriales, productores y entidades vinculadas al bioetanol respaldan la iniciativa y destacan que brindaría previsibilidad para invertir, sectores pymes elaboradores de biodiésel advierten que la apertura podría terminar concentrando el negocio en las grandes aceiteras exportadoras y perjudica al sector pyme.
Una discusión con impacto federal
La pelea excede ampliamente al mercado energético. Córdoba y Santa Fe tienen un interés directo por el biodiésel y el bioetanol de maíz, mientras que Tucumán, Salta y Jujuy observan el debate desde la producción de bioetanol de caña de azúcar. Por eso, la definición del Senado tendrá consecuencias sobre inversiones industriales, demanda de materias primas, empleo y agregado de valor en origen.
Las organizaciones que enviaron la nota al Senado sostienen que el nuevo régimen permitiría aumentar el consumo interno de materias primas agroindustriales, reducir emisiones, mejorar la calidad de los combustibles y habilitar nuevas inversiones en segmentos como combustibles sostenibles para aviación, biocombustibles marítimos, vehículos flex y estaciones de servicio adaptadas al etanol.
También remarcaron que el proyecto podría generar 15 años de previsibilidad para nuevas inversiones, además de impulsar mayores cortes provinciales y ampliar la demanda sobre distintas cadenas productivas.
La discusión que deberá resolver el Senado será, entonces, doble: cómo expandir el mercado de los biocombustibles y, al mismo tiempo, cómo evitar que esa apertura termine desplazando a las pymes que durante años desarrollaron capacidad productiva en las provincias. En ese equilibrio se juega buena parte del verdadero impacto federal de la nueva normativa.
