El Gobierno inició procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y accionistas por la explotación hidrocarburífera en Malvinas
El Gobierno nacional dio el primer paso formal de su nueva estrategia sobre Malvinas con la apertura de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago.
La medida fue impulsada por la Cancillería por instrucción del presidente Javier Milei y busca determinar si existieron violaciones a las restricciones establecidas por la Ley 26.659, que regula las actividades petroleras en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
El alcance de la decisión excede a las compañías petroleras. Según informó el Ejecutivo, también quedaron incluidos accionistas de esas firmas y empresas proveedoras de servicios, como aquellas vinculadas al sector financiero, seguros y asistencia técnica.
“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios”, señaló la Oficina del Presidente.
La decisión llega luego de la cadena nacional en la que Milei anunció un endurecimiento de la política argentina frente a la explotación de recursos naturales en las islas y anticipó cambios normativos para acelerar las sanciones contra quienes participen de esos proyectos.
Uno de los principales focos está puesto en el proyecto Sea Lion, desarrollado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que prevé explotación petrolera en aguas cercanas a las Islas Malvinas.
La exploración petrolera en el Atlántico Sur representa una disputa no solo diplomática, sino también económica por el potencial energético de la región. El Gobierno nacional sostiene que la explotación de recursos naturales en la zona de Malvinas constituye una vulneración de la soberanía argentina y busca extender las consecuencias legales no solo a las compañías que participan directamente de los proyectos, sino también a quienes colaboran de manera indirecta.
En ese marco, el canciller Pablo Quirno explicó que el nuevo esquema de control alcanza a un universo más amplio que las petroleras involucradas. Según detalló, fueron identificadas empresas vinculadas a servicios petroleros, financiamiento, seguros y otros sectores que permiten el desarrollo de esas operaciones.
Quirno había señalado que cerca de 180 empresas fueron notificadas por su relación con actividades hidrocarburíferas en el área o por haber prestado servicios a compañías que operan en la zona. La apertura de procedimientos contra 45 personas y firmas representa ahora el primer avance formal para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.
La apertura de estos expedientes no implica que las empresas ya hayan sido sancionadas. Se trata del inicio de una investigación administrativa en la que el Estado deberá analizar cada caso y determinar si existieron incumplimientos a la normativa vigente.
Si la autoridad competente confirma las infracciones, podrían aplicarse las sanciones previstas por la legislación argentina, dentro de la estrategia del Gobierno para limitar la participación de empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas.
El Gobierno sostiene que quienes participen de actividades consideradas ilegales por Argentina enfrentarán consecuencias administrativas y económicas. Ahora comenzará una etapa de evaluación de cada caso antes de definir eventuales sanciones sobre las actividades hidrocarburíferas vinculadas con Malvinas.
