El legislador Flores pidió licencia en la Unicameral tras la detención de su asesor en la causa por abuso sexual
Ramón “Cañito” Flores decidió apartarse temporalmente de la Legislatura de Córdoba luego de que uno de sus asesores, José Villarreal, quedara detenido e imputado en la causa que investiga presuntos abusos sexuales y grooming contra menores. La decisión llegó tras los reclamos de sectores opositores que pedían su apartamiento.
El legislador provincial del oficialismo Ramón “Cañito” Flores pidió licencia en la Unicameral luego de que uno de sus asesores, José Villarreal, fuera detenido e imputado en la causa que investiga una presunta red de abusos sexuales y grooming en Villa de María de Río Seco.
Flores comunicó la decisión mediante un escrito en el que aseguró que busca “garantizar que la investigación avance con absoluta libertad, sin interferencias y con las condiciones necesarias para conocer la verdad”.
“Quiero ser absolutamente claro: no estoy involucrado en ninguno de los hechos que se investigan”, sostuvo el legislador, quien afirmó que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades individuales.
La causa, que conmociona al norte provincial, tiene hasta el momento 11 personas detenidas y al menos tres víctimas menores de edad identificadas. La investigación está a cargo de la fiscal de Deán Funes, Analía Céspedes, quien continúa con la recolección de pruebas y no descarta nuevas medidas.
Villarreal se desempeñaba como asesor legislativo de Flores desde fines de 2023 y además realizaba trabajos rurales vinculados al legislador en Villa de María de Río Seco. Esa relación generó cuestionamientos políticos y reclamos de la oposición para que Flores dejara su banca mientras avanzaba la investigación.
Desde la UCR habían presentado un pedido para apartarlo del cargo, mientras Encuentro Vecinal anticipaba una solicitud de suspensión. Finalmente, el legislador oficialista optó por una licencia temporal para evitar que su función institucional quedara vinculada al proceso judicial.
La investigación continúa bajo secreto de sumario y la Justicia deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados en una causa que generó fuerte impacto político y social en toda la región.
