El presidente de la Sociedad Rural respaldó vender tierras a extranjeros y criticó al Senado por frenar el proyecto
- Telediario Digital
- hace 3 días
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El presidente de la Sociedad Rural Argentina respaldó la eliminación de los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y cuestionó al Senado por demorar el tratamiento de la iniciativa impulsada por el Gobierno. Gobernadores mantienen reparos por el impacto sobre recursos estratégicos y zonas de frontera.
Las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, volvieron a instalar uno de los debates más sensibles para el federalismo argentino: quién debe controlar la propiedad de la tierra y qué límites deben existir para la compra de campos por parte de extranjeros. El dirigente defendió el proyecto del Gobierno nacional que elimina las restricciones vigentes y sostuvo que "no tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero".
"No es que van a venir, comprar y se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado. No va a pasar", afirmó Pino al justificar su respaldo a la iniciativa promovida por la administración de Javier Milei. Además, cuestionó al Senado por postergar nuevamente el tratamiento del proyecto y aseguró que "el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario no solo para el campo; es necesario para toda la Argentina".
La iniciativa, redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone eliminar el límite del 15% para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros establecido por la Ley 26.737, promulgada en 2011. Tras las críticas de distintos sectores, el Gobierno incorporó modificaciones para que las provincias intervengan autorizando las operaciones y dispuso un control conjunto entre Nación y los distritos cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas de frontera. La compra de tierras rurales por parte de extranjeros deberá contar con la aprobación conjunta del Gobierno nacional y de la provincia donde se ubique el inmueble.
Sin embargo, el proyecto continúa generando resistencia en el Senado y también entre varios gobernadores, que advierten sobre la necesidad de preservar recursos estratégicos como la tierra, el agua y las áreas fronterizas.
Mientras el Gobierno sostiene que flexibilizar las restricciones permitirá atraer capitales y potenciar inversiones productivas, distintos sectores políticos y provinciales alertan que la medida podría reducir la capacidad de decisión de las jurisdicciones sobre activos considerados estratégicos para su desarrollo económico y su soberanía territorial.
