El Senado define leyes clave sobre discapacidad, propiedad privada y tierras extranjeras
La Cámara Alta sesionará este jueves desde las 11 para tratar una nueva ley de discapacidad, ratificar la vigencia de la Ley de Tierras y avanzar con un acuerdo internacional de patentes. El debate enfrenta al Gobierno con sectores de la oposición y pone en discusión el financiamiento de derechos sociales, la propiedad de los recursos territoriales y los intereses de la industria nacional.

El Senado de la Nación tendrá este jueves una sesión con una agenda legislativa de alto impacto político, económico y social. Entre los principales proyectos figuran la nueva ley de discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados; la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora la ratificación de la Ley de Tierras; y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, vinculado al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.
La convocatoria fue acordada por los jefes de bloque durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. La sesión comenzará a las 11 y también incluirá proyectos sobre transporte marítimo, seguridad en espacios deportivos y tratados internacionales.
Discapacidad: una nueva ley con un costo estimado de casi $600 mil millones
Uno de los debates centrales será el nuevo régimen de discapacidad, que en octubre obtuvo media sanción en Diputados con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El proyecto conserva aspectos fundamentales de la emergencia vigente, que vence en diciembre, aunque elimina formalmente el concepto de emergencia.
La iniciativa mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD), establece la actualización mensual de las prestaciones según la inflación y permite compatibilizar las pensiones no contributivas con el empleo registrado, bajo determinadas condiciones. Además, obliga a cancelar las deudas por compensaciones con los prestadores en un plazo máximo de 90 días.
Tras las negociaciones con la oposición, el oficialismo aceptó incorporar las partidas presupuestarias necesarias para financiar las medidas. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo del nuevo régimen alcanzaría los $598.912 millones durante 2027.

El desafío no será únicamente aprobar la norma, sino garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio nacional. Para las provincias y ciudades del interior, donde el acceso a servicios especializados puede implicar mayores costos de traslado y una oferta limitada de prestadores, el financiamiento y la actualización de los aranceles resultan determinantes para sostener la atención.
Ley de Tierras: vuelve al centro del debate el control sobre el territorio argentino
Otro de los puntos de mayor relevancia será la ratificación de la Ley de Tierras, que establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La discusión se reabrió luego de los pronunciamientos de la Corte Suprema vinculados con el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, que dispuso la derogación de esa legislación. Diputados incorporó un capítulo para ratificar su vigencia dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que había sido aprobado previamente por el Senado.

El debate excede la discusión jurídica sobre la propiedad privada y alcanza una cuestión estratégica para el federalismo: quién puede adquirir y controlar grandes extensiones del territorio nacional. La regulación tiene especial relevancia para provincias con importantes superficies agropecuarias, recursos naturales y áreas fronterizas.
El proyecto también introduce modificaciones en los procedimientos de desalojo y en el régimen de expropiaciones. Su tratamiento enfrentará distintas posiciones sobre la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la capacidad del Estado para establecer límites a la concentración y extranjerización de tierras.
Patentes: el acuerdo con Estados Unidos y la preocupación de la industria argentina
La Cámara Alta también deberá pronunciarse sobre la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), uno de los compromisos incluidos en el acuerdo comercial firmado por el Gobierno argentino con Estados Unidos en febrero.
El tratado, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, busca simplificar los procedimientos internacionales de presentación de solicitudes de patentes. Sin embargo, durante su tratamiento en Diputados surgieron cuestionamientos de laboratorios nacionales, que advirtieron sobre posibles ventajas para titulares extranjeros de patentes.
Por esa razón, la Cámara Baja resolvió dejar en reserva el capítulo referido al examen preliminar internacional. La discusión plantea una tensión entre la integración comercial y la protección de la capacidad productiva y tecnológica argentina, particularmente en sectores industriales que compiten con grandes compañías internacionales.
La sesión se desarrollará en un escenario de negociaciones políticas por la reforma electoral y de disputas sobre el alcance de la intervención estatal. Las decisiones del Senado podrían tener consecuencias directas sobre el sistema de prestaciones por discapacidad, la regulación de la propiedad rural y las condiciones de competencia de la industria nacional.




