Escándalo en la Caja de Profesionales: detenciones, sospechas de fraude y aportes millonarios bajo cuestionamiento
La Justicia investiga posibles maniobras que habrían reducido los ingresos previsionales y ordenó la detención de cinco personas, entre ellas los presidentes de los colegios de Arquitectos e Ingenieros Especialistas. Mientras tanto, profesionales cuestionan las decisiones de la intervención, denuncian aportes excesivos y advierten que los problemas del sistema se arrastran desde hace dos décadas.
La Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y de la Construcción de Córdoba atraviesa una profunda crisis institucional y judicial. La investigación por presunta defraudación y administración fraudulenta derivó este miércoles 21 de octubre en cinco detenciones, mientras crece el malestar de los profesionales por el funcionamiento del sistema previsional y las medidas adoptadas por la intervención judicial.
Entre los detenidos se encuentran Nicolás Luis Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos de Córdoba, e Inti Manuel Smith, titular del Colegio de Ingenieros Especialistas. La investigación está a cargo del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, quien también dispuso medidas contra otras autoridades.
Los arrestos fueron vinculados con presuntas maniobras de entorpecimiento de la investigación.
La presunta maniobra: moratorias sin intereses y obras subvaluadas
La investigación se originó en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por Jorge Santecchia, presidente de la Caja, con el patrocinio del abogado Miguel Ortiz Pellegrini.
Según explicó el denunciante, las presuntas irregularidades se concentraban en mecanismos que habrían permitido reducir las contribuciones previsionales que debían ingresar a la institución.
Uno de ellos consistía en otorgar planes de pago sin aplicar los intereses establecidos para las deudas. Santecchia sostuvo que esas condiciones contravenían la Ley Provincial 8470, que regula el sistema de aportes.
Otra línea de investigación apunta a registros presuntamente fraudulentos de construcciones y posibles subvaluaciones. La hipótesis es que determinadas obras habrían sido declaradas por montos inferiores a los reales, reduciendo los honorarios computables y, en consecuencia, las contribuciones destinadas al sistema jubilatorio.
Estas maniobras continúan bajo investigación y todavía deben determinarse las responsabilidades individuales y la magnitud del eventual perjuicio económico.
“Por una obra de mil metros cuadrados tenemos
que aportar $29 millones”
En paralelo a la causa judicial, profesionales del sector cuestionan el elevado costo de las contribuciones y las recientes resoluciones adoptadas por la intervención.
En diálogo con Telediario, el arquitecto Orlando Ferraro ejemplificó que el registro de las tareas profesionales correspondientes a un edificio de mil metros cuadrados puede representar $29 millones en aportes a la Caja, a los que se suman otros $7 u $8 millones correspondientes al colegio profesional.
Ferraro explicó que los arquitectos deben realizar dos aportes equivalentes al 9% de sus honorarios: uno destinado a su cuenta individual y otro al fondo general del sistema.
“De cada cien mil pesos que uno aporta, el cincuenta por ciento queda en la Caja”, cuestionó, al plantear interrogantes sobre el destino de los recursos y los costos del funcionamiento previsional.
Los profesionales cuestionan las nuevas resoluciones
Otro eje del reclamo está vinculado con las modificaciones en la forma de computar los aportes y las deudas.
Según explicó Ferraro, anteriormente las contribuciones derivadas de nuevos registros de tareas podían utilizarse para compensar obligaciones pendientes. Sin embargo, sostuvo que una resolución reciente modificó ese mecanismo, de manera que las deudas anteriores y sus intereses continuarían vigentes aunque el profesional realizara nuevos aportes por montos considerablemente superiores.
El entrevistado calificó estas decisiones como arbitrarias y señaló que el reclamo actual se concentra particularmente en tres resoluciones de la intervención judicial.
“Esto lo venimos hablando desde hace veinte años”
Más allá de las decisiones recientes, Ferraro planteó que las dificultades del sistema previsional no son nuevas y cuestionó los vínculos históricos entre las conducciones de los colegios profesionales y las autoridades de la Caja.
“Esto lo venimos hablando en los cafés desde hace veinte años”, afirmó. El arquitecto también sostuvo que representantes de los profesionales activos habrían llegado a cargos directivos de la Caja mediante designaciones de las conducciones de los colegios, sin ser elegidos directamente por los aportantes.
Respecto de la investigación judicial, expresó su respaldo al esclarecimiento de los hechos y reclamó que se determinen las responsabilidades de los involucrados.
La controversia deja planteados dos problemas que se desarrollan simultáneamente: por un lado, la necesidad de investigar posibles irregularidades que habrían afectado los fondos previsionales; por otro, el reclamo de profesionales que sostienen que el sistema exige contribuciones cada vez más difíciles de afrontar.
En una provincia donde la construcción moviliza empleo, inversiones y actividad económica, el conflicto también abre una discusión sobre el impacto de las cargas previsionales en el ejercicio profesional y el desarrollo de nuevas obras.
