¿Fin del etiquetado frontal? El Gobierno abre una nueva disputa por alimentos y consumo
El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto para derogar por completo la Ley de Etiquetado Frontal. Argumenta que genera costos, limita la competencia y no diferencia perfiles nutricionales. En la oposición dialoguista no hay urgencia y ya anticipan que pedirán evidencia técnica antes de avanzar.
El Gobierno nacional abrió un nuevo frente legislativo al enviar al Senado un proyecto para derogar completamente la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal.
La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
La propuesta no plantea modificaciones ni cambios parciales: directamente elimina el esquema vigente de advertencias con octógonos negros en envases de alimentos y bebidas.
Desde la Casa Rosada sostienen que el sistema actual simplifica en exceso la información nutricional y termina colocando advertencias similares sobre productos con composiciones muy distintas.
En los fundamentos, el Ejecutivo asegura que el modelo vigente genera un sistema “binario” que desalienta mejoras graduales en la composición de los alimentos y reduce incentivos para que las empresas reformulen productos.
También cuestiona restricciones sobre publicidad, envases y comunicación comercial, al considerar que afectan actividades económicas legales y limitan estrategias de la industria alimentaria.
Uno de los argumentos que más interés genera en el interior productivo tiene que ver con el impacto sobre pequeñas y medianas empresas. El Gobierno plantea que las exigencias regulatorias —rediseño de envases, adaptación de procesos, cambios en líneas productivas y costos técnicos— pesan proporcionalmente más sobre las PyMEs que sobre grandes compañías y podrían favorecer una mayor concentración del mercado.
Sin embargo, en el Senado el clima aparece lejos de acompañar una discusión acelerada.
Desde sectores dialoguistas ya dejaron trascender que pedirán estudios técnicos y evidencia sanitaria antes de avanzar. También remarcan que existen otras prioridades legislativas abiertas y que eliminar completamente una norma ya instalada entre consumidores podría encontrar resistencias políticas.
El debate vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en Argentina: hasta dónde llega el rol del Estado en materia de salud pública y dónde empiezan los costos regulatorios para producir, competir y consumir.
