Grave advertencia: “en ningún país del mundo sucede que el estado no financie la ciencia”
“Si el país no tiene ciencia, no podrá desarrollar tecnologías propias y tendrá que salir a buscarlas afuera a un precio muy caro”, Galo Soler Illia, investigador del CONICET, cuestionó el desfinanciamiento del sistema científico. Advirtió sobre la pérdida salarial, el congelamiento de proyectos y el riesgo de que la Argentina dependa de tecnologías importadas.
El vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Galo Soler Illia, lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo de la política científica del Gobierno nacional. En diálogo con Telediario, sostuvo que el ajuste sobre organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el INTI no responde solamente a una necesidad administrativa, sino a una decisión política e ideológica.
“El Gobierno nacional no cree en el desarrollo nacional de la ciencia y la tecnología, ni en que deban ser apoyadas por el Estado”, afirmó el investigador.
Según planteó, la administración de Javier Milei pretende trasladar al sector privado la responsabilidad de financiar la investigación, un modelo que, aseguró, no tiene antecedentes entre los países desarrollados.
Soler Illia remarcó que incluso en economías donde existe una fuerte inversión empresarial, el Estado sigue desempeñando un papel central. Estados Unidos, Rusia, China, Brasil y distintos países destinan recursos públicos a la investigación básica, y es la cantidad de gente formada en ciencia y tecnología la que después le da valor a ese conocimiento producido. Las compañías privadas aprovechan posteriormente esos conocimientos para desarrollar productos, servicios e innovaciones. “El iPhone fue subsidiado por el Estado y SpaceX se levanta sobre 70 años de trabajo de la NASA”, ejemplificó Soler.
Para el científico, pretender que las empresas financien desde el inicio investigaciones costosas, prolongadas y de alto riesgo es "absurdo", implica desconocer cómo se construyeron las principales potencias tecnológicas del mundo. Sostiene que hay una profunda equivocación del gobierno en este sector
Durante la entrevista, Soler Illia aseguró que los investigadores perdieron alrededor de un 40% de su poder adquisitivo durante los últimos años. El deterioro salarial también fue advertido anteriormente por organismos del propio sistema científico.
El CONICET Córdoba señaló en 2025 que la pérdida desde diciembre de 2023 superaba el 30% y que numerosos ingresos habían quedado por debajo de la línea de pobreza.
A la crisis salarial se suma, según denunció, el congelamiento de convocatorias y fondos destinados a sostener las investigaciones. “La investigación científica hay que pagarla. Hay que pagarle a la gente, pero también se necesita dinero para desarrollar los proyectos”, explicó.
El científico también mencionó la situación de desarrollos estratégicos vinculados con la energía nuclear, entre ellos el reactor modular CAREM y el reactor multipropósito RA-10. En este último caso, la información oficial de la CNEA indica que el proyecto continúa en la etapa final de ensayos preoperacionales y que en junio recibió seis toneladas de agua pesada para su sistema reflector. La advertencia del investigador apunta, sin embargo, a las restricciones presupuestarias y laborales que podrían comprometer el sostenimiento integral del sistema.
El ajuste científico no queda limitado a los grandes institutos de Buenos Aires. Las universidades nacionales, centros del CONICET, estaciones experimentales y organismos tecnológicos distribuidos en las provincias cumplen funciones decisivas para el agro, la industria, la salud pública, la minería, el ambiente y las economías regionales.
Cuando se paralizan proyectos o se produce la salida de investigadores, las consecuencias golpean especialmente al interior. Son las provincias las que necesitan desarrollos adaptados a sus cultivos, recursos naturales, enfermedades, condiciones ambientales y estructuras productivas. Sin capacidades científicas propias, esas soluciones deben comprarse en el exterior o concentrarse nuevamente en los grandes centros económicos.
“Si el país no tiene ciencia, no podrá desarrollar tecnologías propias y tendrá que salir a buscarlas afuera a un precio muy caro”, alertó Soler Illia. Esa dependencia no es solamente económica: también reduce la capacidad de la Argentina para decidir sobre su energía, su producción, sus recursos estratégicos y su desarrollo territorial.
Para el investigador, existe una contradicción entre el discurso oficial que promueve la inteligencia artificial, la minería, los hidrocarburos y las nuevas tecnologías, y una política que debilita a las instituciones encargadas de formar profesionales y producir conocimiento.
“La ciencia está detrás de prácticamente todo lo que hacemos”, señaló. Desde los sistemas satelitales utilizados por los teléfonos celulares hasta las pantallas, o cuando uno se ata los cordones de los zapatos, son procesos que dependen de investigaciones que, en numerosos casos, comenzaron décadas antes de convertirse en negocios rentables.
Soler Illia concluyó con un pedido directo al Gobierno nacional: “Que reflexione sobre lo que está haciendo, porque está destruyendo el futuro del país y de las futuras generaciones”.
La discusión excede así la situación salarial de los investigadores: pone en juego la posibilidad de que la Argentina conserve soberanía tecnológica, agregue valor a sus recursos y construya un desarrollo que no vuelva a dejar relegadas a las provincias.
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