“Guerras médicas” en el policlínico y sus derivaciones
Por Guillermo Geremía
Si bien parece poco apropiado apelar para titular al episodio histórico que enfrentó a griegos con persas y que la saga bien podría ser hoy argumento apropiado de un producto de NETFLIX o cualquier otra plataforma on demand; el enfrentamiento entre médicos de Río Cuarto por la disputa de un negocio millonario con el Policlínico San Lucas ya se instala como un episodio familiar, empresarial y judicial de impensadas derivaciones.
El reciente capítulo, más no el último de esta temporada, es una denuncia penal realizada en la Fiscalía de Instrucción 4 por una presunta maniobra de vaciamiento patrimonial, administración fraudulenta y circunvención de incapaz, balance falso y manipulación del capital social en el Policlínico Privado San Lucas S.A.
“Lo que denunciamos es que hay algunos socios y/o familiares de los mismos del Policlínico que a través de una sociedad paralela hicieron un convenio y le cedieron la administración de los fondos a una nueva empresa. No sabemos qué ocurrió con los fondos que salieron del Policlínico porque nunca volvieron”, aseguró el abogado penalista Mateo Abrile en declaraciones radiales.
El letrado representa a Natalia Carolina Carrillo, una de las hijas de Eduardo Juan Adrián Carrillo, socios fundador de la empresa sanatorial y que se desempeñó durante muchos años como Presidente de su Directorio. Los denunciados son su propia hermana Ana Claudia Carrillo y otras 12 personas, muchas de ellas médicos o sus herederos.
La denuncia sostiene que algunos de los socios y personas vinculadas a socios del Policlínico constituyeron una sociedad paralela llamada Río Cuarto 4.0 S.A., asociación a la que posteriormente se habría transferido la administración, facturación y cobranza de las prestaciones realizadas por la institución sanatorial. El acuerdo habría sido firmado por quien entonces presidía el Policlínico (el Dr. Eduardo Carrillo) cuando ya atravesaba un deterioro cognitivo grave, posteriormente reconocido judicialmente.
“Le hicieron firmar este acuerdo a una persona insana declarada hace ya tiempo”, aseguró el letrado denunciante. En septiembre de 2021 se firmó la cesión de la administración a esta sociedad paralela antes citada. En 2024, los socios que integraban la nueva empresa manifestaron que el acuerdo había sido exitoso según consta en el registro de las memorias empresarias pero “al año siguiente aluden que la operación fue deficitaria y que casi los lleva a la quiebra”, agrega el abogado Mateo Abrile.
Según la presentación, esa operatoria habría contribuido al deterioro económico del Policlínico y posteriormente se habría utilizado la crisis provocada para justificar un aumento de capital que diluyó la participación accionaria de Eduardo Carrillo. Además, la denuncia plantea el interrogante de si otras personas o instituciones pudieron resultar beneficiadas económica o societariamente por el debilitamiento del Policlínico.
“Todos pensamos que la situación era interna, no imaginamos nunca que esto iba a escalar así. Las acusaciones son graves”, reflexiona Cecilia Miranda, secretaria general ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad) Río Cuarto. Los trabajadores del Policlínico desde después de la pandemia vienen peleando por el cumplimiento de los pagos en tiempo y forma. Protestas callejeras, quite de colaboración y paros no lograron normalizar la situación laboral. Por estos días se les adeuda parte del medio aguinaldo y se ven forzados a cobrar después del día 20 de cada mes y en cuotas.
“La referencia que tenemos es que el Grupo Instituto Médico está gerenciando al Policlínico pero aún no han hecho una presentación formal con los documentos que dejen asentado quién es la persona que administra”, admitió la dirigente gremial en declaraciones al programa radial ASÍ SON LAS COSAS. Es un secreto a voces que el Instituto sumó al Policlínico a su pool de empresas sanatoriales de la ciudad que incluye también al Instituto Privado de Urología y Nefrología, conocido también como el “Cardiológico”.
La consultora CEPIAN a la que apeló un grupo de “médicos independientes”, como se hacían llamar, fue la que en 1980 realizó un “exhaustivo análisis de factibilidad” para que se realizara el emprendimiento empresarial. Los doctores Larroque, Serra y Castillo fueron quienes tomaron la iniciativa fundacional. Como primera acción compraron el edificio sanitario ubicado en la calle Mitre 930, lugar donde sigue funcionando el Policlínico San Lucas, razón casi medio siglo después de una verdadera “guerra médica”.
“El edificio fue proyectado y dirigido por el arquitecto Eduardo Baldasarre, quien poco tiempo antes aprobara su tesis con un trabajo sobre edificaciones hospitalarias. Más adelante se anexó un terreno lindero con frente a la calle Colón, donde actualmente se ingresa al área de Internación”, según NUESTRA HISTORIA de la página oficial de la institución. Fue inaugurado el 29 de abril de 1980 con 11 consultorios externos, 4 camas de terapia, 2 quirófanos y sala de partos, entre otros servicios.
Los problemas judiciales del Policlínico no son nuevos. Hay desde hace dos décadas acciones en el fuero civil y comercial por situaciones económicas o pulseadas entre socios. La dilación tribunalicia en resolver la situación hecho a rodar una “bola de nieve judicial” que viene tomando cada vez más dimensión y está a punto de transformarse en un alud amenazador.
El 15 de abril de 2025, Natalia Carrillo promovió un juicio civil por restricción a la capacidad cognitiva de su padre Eduardo Carrillo –hoy internado en un geriátrico- que le impedía comprender la naturaleza de las consecuencias de sus acciones. “Con la tramitación de este juicio se logró acreditar que el doctor Carrilo tenía un diagnóstico de síndrome demencial. El 30 de septiembre del año pasado designó como sistema de apoyo para acompañarlo por 3 años a su hija Natalia”, precisó la abogada Eliana Peano que asesora en lo civil a la denunciante.
Los hechos referenciados datan de 2020 en plena pandemia. Con la excepcionalidad planetaria en expansión, una o varias personas aprovecharon para desplegar acciones en pos de usufructuar la incapacidad de un socio mayoritario en beneficio de otros. “En febrero de 2026 se presentó la primera denuncia penal por cincunvención de incapaz contra su padre. Hay una sola denunciada, pero aún no se la ha imputado. Es la hermana de la denunciante”, explicó la abogada Peano en manifestaciones a 102.9 La Gospel. Una hermana denunció a otra por aprovecharse de la enfermedad del padre.
La circunvención de incapaz es el delito penal de defraudación que consiste en aprovecharse de la vulnerabilibidad, inexperiencia o disminución de juicio de una persona para hacerle firmar un documento que afecte sus bienes en perjuicio propio o de terceros. El 24 de abril de 2026 a 46 años de la inauguración del Políclínico se presentó la denuncia penal que amplia de una a trece las personas supuestamente responsables de “urdir un plan para vaciar al Policlínico y dañarlo económicamente de forma intencional, generando una situación de crisis económica que justifique un ilegítimo aumento de capital, que licúo la participación social de los socios que no tenían posibilidades económicas”, textual de la denuncia que abrió el Expediente SAC N 13743854.
Según la denunciante esta maniobra solamente benefició a unos pocos socios, “los socios Ariel Maximiliano Lagioia y Miguel Angel Serra, y su posterior traspaso a un centro médico que siempre fue competencia del Policlínico”. El listado completo de los denunciados por el supuesto delito vaciamiento patrimonial, administración fraudulenta y manipulación del capital social, entre otras irregularidades, lo integran Ana Claudia Carrillo, Miguel Ángel Serra, Romina Micaela Serra, Jorge Nazareno Makiewicz, Alejandro Markiewicz, Ariel Maximiliano Lagioia, Nilda Beatriz Greco, Luciano Leopoldo Lagioia, Norberto Omar Colombo, Lucía Monlezún, Franco Lagioia, Leonel Lagioia y Mauro Bruno Lagioia.
Las históricas “guerras médicas” duraron 43 años (entre 492 y 449 antes de Cristo) y fueron sólo un capítulo en la prolongada enemistad de dos culturas y que culminó en el siglo siguiente cuando Alejandro Magno conquistó y disolvió el Imperio aquemédida, nombre que los griegos daban a Media, una zona contigua a Persia. Esta “guerra médica” local involucra a una institución que no se trata solamente de una empresa sanatorial que se disputan socios y/o familiares. Es también una prestadora de servicios millonarios que obras sociales de empleados públicos como PAMI y APROSS retienen a empleados para derivar a prestadores.
El deterioro del sistema de salud tanto público como privado nos impone preguntarnos quiénes salen beneficiados y perjudicados en la disputa accionaria del Policlínico. La salud que debiera ser orden de prioridad y altar del juramento hipocrático, tiene en esta disputa intereses familiares cruzados y razones de gravedad comunitaria en debate público. El esposo de la denunciante es director de un servicio de emergencias que a la vez comparte proyectos médicos con una tercera empresa sanatorial competidora de las dos instituciones privadas denunciadas. Un cuadro médico de difícil diagnóstico y aún de más complejo tratamiento posológico para intentar recuperar la salud de un “paciente” en estado crítico.
Así son las cosas.
