Instituto Carson: De la inteligencia múltiple al engaño multiplicado

Por Guillermo Geremía

“Los hechos narrados precedentemente no constituyen una mera "crisis financiera" o una "gestión desprolija", sino que describen la ejecución de un plan criminal premeditado para el vaciamiento patrimonial”. La denuncia fue ingresada  en el Juzgado Federal de Río Cuarto el 17 de marzo de 2026 provenientes de la Fiscalía Federal. La había realizado vía correo electrónico “Ignacio Martín GATTO MAZOLA CHALAMAN, con fecha 03-03-2026, en su carácter de presidente de la Fundación ETIM (Estimulación Temprana Inteligencias Múltiples), entidad civil sin fines de lucro-constituida formalmente mediante acta del 01 de abril del año 2015-, perteneciente al establecimiento educativo Carson, sito en Ruta 30, km 7,1 de esta ciudad”.

Los autores del supuesto “plan criminal” denunciados son  Silvina Daniela Drovandi  (ex Presidenta de la Fundación ETIM), Carolina Vanessa Gallo (Secretaria), Rodrigo Sebastián Rossi (Tesorero),  Darío Oscar Romero (regente)  “ÿ/o contra cualquier otra persona que, en calidad de asesor o colaborador, haya participado en las maniobras ilícitas que habrían damnificado a la Fundación ETIM”. Según la presentación judicial  realizada los señalados “habrían utilizado la noble fachada de un proyecto educativo de vanguardia como el Instituto Carson para montar un sistema de recaudación espurio, defraudando no solo a la entidad que administraban, sino también al fisco nacional y a las familias de la comunidad de Río Cuarto”.

A una década desde su creación, la Fundación y su Instituto educacional parecen estar escribiendo el capítulo final de una historia que empezó como una referencia pedagógica innovadora y se transformó en un escándalo de proporciones, con denuncia judicial incluida, que involucra directa o indirectamente a referentes políticos y sociales relacionados con actores influyentes de la clase media y alta, miembros de la burguesía riocuartense.

El Juez Carlos Federal Carlos Ochoa con fecha 26 de marzo resolvió declararse incompetente  en el expediente FCB Nº 9838/2026 dado que consideró que de los tipos delictivos apelados solamente debía a abocarse a la supuesta evasión fiscal contemplada en la Ley Penal Tributaria pero para ocuparse sólo de ese asunto necesitaba un informe de ARCA y la denuncia respectiva del organismo tributario. Pero a la vez, consideró que no eran de su competencia las acusaciones de supuesta estafa,  administración fraudulenta y vaciamiento de empresa/institución; en consecuencia, remitir el sumario al Juez de Control y Garantías de la Justicia Provincial de esta misma ciudad de Río Cuarto (…) para su oportuna derivación para su investigación, a la Fiscalía de instrucción que por turno corresponda”.

La aceleración de la crisis del Carson se materializó ante el anuncio de la actual conducción de la Fundación ETIM de suspensión del dictado de clases por arreglos de las instalaciones sanitarias del establecimiento ubicado en el oeste de la ciudad, en el corazón del boom de desarrollo inmobiliario que se materializa en ese sector de Río Cuarto. De la primera publicación sobre las irregularidades de la escuela que impulsaba a la educación financiera como contenido pedagógico a este presente sin alumnos, con denuncias judiciales, acusaciones públicas e intervención de las autoridades ministeriales,  sólo pasaron 8 meses.

El 5 de octubre de 2025 y bajó el título  “CARSON, LA CRISIS FINANCIERA DE LA ESCUELA LIBERTARIA” (https://www.telediariodigital.net/post/carson-la-crisis-financiera-de-la-escuela-libertaria) advertíamos que la situación económica de la pyme educativa incluía una deuda de arrastre desde 2024 con la por entonces AFIP  por más de $ 50 millones y atrasos  en los pagos a docentes del  establecimiento educativo. La actual Diputada Nacional Laura Soldano y su millonario esposo  Gastón González fueron aportantes en recursos e influencias para tratar de salvar al Instituto al que habían rebautizado ‘Carson Holistic School’ . Pero al poco tiempo se corrieron de escena, no sin antes dejar a referentes libertarios locales como responsables de la Fundación. La abogada DROVANDI (ex ANSES LLA), Darío Romero (puntero de Patricia Bullrich) y el “amigo” de este,  Ignacio Gatto Mazola (empresario mendocino  a quien se lo vincula con Lule Menem, un intocable de ‘EL JEFE’, Karina Milei)

El 22 de febrero de 2026, ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo, señalábamos que  comenzaba  a consumarse el desenlace de los acontecimientos. En la nota de opinión  “CARSON, UN INSTITUTO PRIVADO…DE FUTURO”

(https://www.telediariodigital.net/post/carson-un-instituto-privado-de-futuro) dábamos cuenta del cortocircuito entre Gatto Mazola y los “amigos libertarios” que lo entusiasmaron con el negocio del Carson. “Si ustedes están acá es porque le deben plata al Colegio”. En aquel segundo capítulo de esta historia de “fracaso pedagógico”,  el empresario mendocino les anunció a los padres –que iban a reclamar por la incertidumbre que planteaba  el futuro del Instituto-, que eran deudores del centro educativo no obstante haber  pagado mensualmente las cuotas. Una semana después de ese encuentro, Gatto Mazola  presentó la denuncia judicial en la Fiscalía Federal.

Según relatan sus propios actuales administradores  “la FUNDACIÓN ETIM es una entidad civil sin fines de lucro, constituida formalmente mediante Acta del 1 de abril de 2015 y autorizada para funcionar como persona jurídica por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la RESOLUCIÓN N° 234“A”/15, de fecha 23 de junio de 2015, bajo la Matrícula F-1931”, consta en la denuncia presentada por la abogada de Gatto Mazola.

Ignacio Gatto Mazola Chalaman

Según surge del Artículo 2° de su Estatuto Social, el objeto primordial de la entidad es la enseñanza formal en los niveles inicial, primario y secundario. Bajo esta estructura jurídica opera (¿operaba?) el Instituto Privado Carson. En sus pilares pedagógicos  “este establecimiento educativo ha sido proyectado bajo los principios de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, integrando en su currícula la formación en inteligencia financiera y desarrollo tecnológico, tal como se promociona en su identidad institucional y se ratifica en su plan trienal de actividades”. Las finanzas era el combustible de la Fundación ETIM  y no el humanismo como razón de ser. Qué puede salir mal con esa piedra fundacional.

Sus actuales responsables  aseguran que  “la Fundación no es sólo una unidad administrativa, sino el soporte legal indispensable para el ejercicio del derecho a enseñar y aprender de su comunidad. El Instituto Carson, como unidad educativa, depende directamente de la solvencia y transparencia de la Fundación para garantizar la validez de los títulos otorgados y el cumplimiento de las normativas de la Dirección Provincial de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE). La mancha venenosa de responsabilidades se extiende irreparablemente, según admiten sus propios integrantes. 

“No me atrevería de asegurar que hubo falta de control por parte del Ministerio de Educación, probablemente no haya gustado a los papás la propuesta pedagógica, pero no hubo falta de controles”, argumentó en declaraciones al programa radial ASÍ SON LAS COSAS el recientemente asumido director de la DIPE (Dirección de Institutos Privados de Enseñanza) de la Provincia de Córdoba.  Jorge Audagna tuvo que agarrar la ‘brasa caliente’ del Carson a diez días de sentarse en el cargo. No encontró mejor excusa que hacer responsable a los padres porque el Instituto pasó de tener 120 alumnos a 24 asistentes. En 8 meses y con varias denuncias realizadas  y la ratificación del Ministerio de Educación de la autorización para que el colegio siguiera funcionando pese a los problemas hechos públicos, la autoridad pedagógica nunca consideró visibilizar una respuesta a la comunidad educativa. 

“Señales de vaciamiento de la institución hay muchísimas. Pero hay cuestiones administrativas y legales que deben producirse para declarar el cierre del colegio y eso no ha pasado”, aseguró en declaraciones periodísticas Cristina Wendel, la secretaria general del SADOP Río Cuarto. A comienzo del ciclo lectivo 2026, la mayoría de los docentes renunciaron al Instituto y algunos de ellos iniciaron acciones legales por falta de pago de sus haberes. Lo pedagógico no se puede sostener sin docentes frente a las aulas. La cartera educativa provincial lo sabe y debió actuar antes para evitar que los chicos perdieran su ámbito educativo a mitad de ciclo.

Mora salarial crónica y fraude laboral, dado que a pesar que el Instituto Carson percibía regularmente el pago de las cuotas por parte de los padres, los denunciados habrían omitido el pago de los haberes durante varios meses de 2025.  Abandono de obligaciones de seguridad social, porque la gestión Drovandi, Gallo, Rossi y Romero no realizaron el pago de los aportes y contribuciones patronales. Y el manejo infiel de los bienes encomendados, tras la decisión deliberada de los ex directivos de retener o desviar flujos de efectivos destinados originalmente al sostenimiento operativo. Tres de las razones argumentadas por el denunciante contra los ex responsables de la Fundación ETIM.

Silvina Drovandi y Darío Romero

Según hizo constar en la denuncia judicial el actual presidente y/o propietario del Carson, los anteriores administradores “compartieron el medidor de suministro eléctrico con otra unidad funcional dentro del mismo barrio privado donde se encuentra emplazado el establecimiento educativo (Barrio Privado La Antonia, Río Cuarto), servicio provisto por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Durante la gestión anterior, se había acordado que el proporcional correspondiente al consumo eléctrico de dicha otra unidad funcional sería retirado en efectivo por un representante de la Fundación a los fines de hacer frente al pago de dicho servicio. Sin embargo, esta situación jamás fue informada a la nueva gestión al momento del traspaso del 25 de julio de 2025, ni consta registración contable alguna que permitiera advertir la existencia de dicho recupero”.

Es decir, el Instituto registraba el consumo eléctrico de un vecino y este supuestamente le pagaba el consumo  energético que realizaba. Pero la historia no termina ahí. “Más grave aún: con posterioridad al traspaso de autoridades, la persona que se desempeñaba como niñera de los hijos del denunciado Darío Oscar Romero continuó retirando el proporcional correspondiente al consumo eléctrico de la otra unidad funcional desde las oficinas administrativas del barrio privado, aprovechándose del desconocimiento absoluto de la nueva gestión respecto de la existencia de dicha suma. Mientras la Fundación ETIM abonaba el 100% de las facturas emitidas por EPEC, la suma correspondiente al consumo ajeno era retirada y no ingresaba a las cuentas institucionales”.

De los denunciados, la única que ensayo una respuesta a través de una extensa carta pública fue la abogada Silvina Drovandi. En su escrito,  que parece tener ayuda tecnológica de inteligencias no múltiples sino artificiales,  no niega los hechos sino que dice que habla de conductas que no han sido demostradas. “Lo que nunca debería naturalizarse es que una persona sea señalada públicamente por conductas que no han sido demostradas. Hasta el día de hoy nunca fui citada por la Justicia Federal ni por la Justicia Provincial para declarar en relación con mi actuación en la Fundación ETIM. Nunca fui convocada como imputada. Nunca fui convocada como testigo. Nunca fui notificada de la existencia de una investigación penal vinculada con esos hechos”.

En una zaga que promete más capítulos, el Carson se ha transformado en la acumulación de maniobras irregulares sólo permitidas y toleradas en gente que tiene el poder real suficiente para que los mecanismos administrativos y judiciales de control y sanción dejen pasar por delante de sus narices a los ‘elefantes rosas’ de los ilícitos sin que nadie quiera advertirlos. Si se tratara solamente de dinero podría entenderse como una estafa más. Pero aquí se dilapidó tiempo valioso irrecuperable de niños y familias que confiaron en una escuela con valores superiores y que no había detrás espurios intereses y/o manifiestas ignorancias del valor de los procesos educativos.

“Vivimos momentos muy lindos en la escuela, pero la cosa cambió con maltratos a docentes y falta de pago. Las deudas existían y se vivieron cosas muy feas. Amenazaban a padres por demoras de pagos y algunos transferían las cuotas a cuentas personales de los directivos de la Fundación”, aseguró Eva Velazco, madre de un ex alumno de 4to grado. “El Carson es un capítulo del pasado, ningún niño va a volver al colegio. Hoy es una escuela sin alumnos. Nunca nos imaginamos que esta gestión y las anteriores habían dejado tan mal al colegio”, afirmó de manera lapidaria Débora Villegas, mamá de otra ex alumna del Instituto  que con fachada de proyecto pedagógico, a la luz de los acontecimientos ocurridos, no fue más que otras de las tantas aventuras empresariales.

Así son las Cosas.