La Corte Suprema obliga al gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
- Telediario Digital
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El máximo tribunal dejó firme la medida cautelar que ordena al Estado actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y recomponer las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio. El Gobierno había intentado frenar la aplicación de la norma.
La Corte Suprema de Justicia le puso un freno a la estrategia del Gobierno nacional para postergar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En una resolución firmada este jueves, el máximo tribunal rechazó los planteos del Poder Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con los artículos centrales de la norma, vinculados a la actualización salarial y al financiamiento de las universidades públicas.
La decisión implica que el Gobierno deberá avanzar con la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de recomponer las partidas destinadas a los programas de estudio. Para la Justicia, mantener suspendida la aplicación de la ley podía generar un deterioro grave del sistema universitario y afectar derechos fundamentales como el acceso a la educación superior.
El conflicto comenzó tras un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a distintas universidades nacionales. Las instituciones cuestionaron el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la Ley 27.795 a la definición de una fuente específica de financiamiento.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había ordenado como medida cautelar el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley. Entre otros puntos, dispuso la actualización de los salarios desde diciembre de 2023 y la recomposición presupuestaria para garantizar el funcionamiento académico.
Al revisar el caso, la Corte Suprema concluyó que el recurso extraordinario presentado por el Gobierno no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo que rechazó la presentación y mantuvo vigente la cautelar. Además, desestimó un pedido de excusación formulado dentro del expediente.
El fallo representa un nuevo revés judicial para la administración nacional en la disputa por el financiamiento del sistema universitario. Mientras el Gobierno sostiene que la aplicación de la ley requiere una fuente de recursos específica, las universidades advierten desde hace meses que el congelamiento presupuestario compromete el pago de salarios, la continuidad de programas académicos, las investigaciones y el funcionamiento cotidiano de instituciones distribuidas en todo el país.
