La defensa de Mil Demonios denunció un posible conflicto de intereses y pidió cambiar al fiscal del caso
- Telediario Digital
- hace 1 día
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La defensa del propietario de un bar clausurado en Río Cuarto presentó un recurso para que el fiscal municipal sea apartado de la causa. Sostiene que años atrás integró un estudio jurídico que defendió intereses opuestos al de los locales bailables del centro y cuestiona la imparcialidad de su intervención.
La controversia por la clausura del bar "Mil Demonios" en Río Cuarto sumó un nuevo capítulo. El abogado del propietario, Enrique Novo, confirmó que solicitaron el apartamiento del fiscal municipal que debe dictaminar sobre el recurso presentado contra la medida, al considerar que existen antecedentes que podrían comprometer su imparcialidad.
En diálogo con Telediario, el Novo explicó que el planteo no apunta a cuestionar la honorabilidad del funcionario, sino a garantizar la objetividad del procedimiento. Según sostuvo, su cliente tomó conocimiento de que el fiscal habría integrado años atrás un estudio jurídico que representó a las discotecas que impulsaban restricciones para los locales bailables del centro de la ciudad.
"Entendemos que no estaría dictaminando con la objetividad e imparcialidad que el cargo merece", afirmó Novo. Por ese motivo, solicitaron que sea el fiscal adjunto, si es que ese cargo está cubierto, quien emita el dictamen previo a la resolución que deberá adoptar el intendente sobre el recurso de revisión.
La defensa también pidió el levantamiento de la clausura y cuestionó la validez del procedimiento administrativo. Según explicó el abogado, el acta labrada el 21 de diciembre de 2025 "no decía absolutamente nada" y aseguró que dos horas más tarde se confeccionó una segunda acta, en otro domicilio y de manera presuntamente irregular.
"No hemos sido escuchados por el juez de faltas y pedimos que lo escuche el intendente".
Novo sostuvo que esos planteos no fueron atendidos por el Juzgado de Faltas y ahora esperan que sean evaluados por el Ejecutivo municipal. Mientras tanto, reiteró que el objetivo es que la decisión final esté precedida por un dictamen emitido por un funcionario que no tenga antecedentes que puedan generar dudas sobre su independencia.
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