La pareja de Ramón Flores recibió más de $4,5 millones del Estado provincial en dos años
- Telediario Digital

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La pareja del legislador Ramón Flores facturó 14 veces al Estado provincial durante 2024 y 2025. Los pagos, que superan los $4,5 millones a valores del año pasado, se suman al escándalo por la causa que involucra a uno de sus exasesores.
La Legislatura de Córdoba quedó nuevamente bajo cuestionamientos tras conocerse que Karina Mariño, pareja del legislador Ramón Flores, presentó 14 facturas al Estado provincial entre 2024 y 2025 por un monto total que supera los $4,5 millones, según una investigación basada en datos oficiales.
Los registros indican que 12 de esas facturas fueron emitidas a la Legislatura provincial y otras dos a los ministerios de Salud y Educación. Uno de los pagos registrados fue de $510 mil por “servicios de administración y planificación de proyectos”, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre las tareas realizadas.

El dato aparece en medio de la crisis política que atraviesa el legislador peronista, quien pidió licencia luego de que uno de sus exasesores, José Aníbal Ricardo Villarreal, quedara detenido acusado por abuso sexual con acceso carnal y grooming en una causa que investiga hechos ocurridos en Villa de María del Río Seco.
La situación generó fuertes reclamos desde distintos sectores políticos que cuestionaron los controles dentro de la Legislatura y reclamaron explicaciones sobre los mecanismos de contratación. Desde el oficialismo provincial anticiparon que impulsarán mayores controles y que la Justicia debe avanzar con la investigación.
Además, trascendió otro caso que volvió a generar cuestionamientos: la legisladora que reemplazaría a Flores, Estrella Benchetrit, tendrá a su esposo como asesor legislativo. Hasta el momento, tampoco se informaron públicamente las funciones específicas que desarrollará.

El caso vuelve a poner en debate el funcionamiento interno de la Legislatura cordobesa, los mecanismos de contratación y los controles sobre los recursos públicos, mientras crece la presión política para que se esclarezcan los vínculos y responsabilidades dentro del entorno del legislador.



