La soberanía en juego: el gobierno busca flexibilizar la compra de tierras por parte de extrenjeros
El proyecto oficial propone derogar la actual Ley de Tierras y eliminar las restricciones para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros. Especialistas advierten que la iniciativa podría debilitar los controles sobre territorios donde se concentran recursos estratégicos como agua, minerales, petróleo y zonas de frontera.
Tierra, recursos y soberanía: un debate que trasciende la propiedad privada
La discusión sobre la Ley de Tierras volvió al centro de la agenda política. El Gobierno nacional impulsa un proyecto para derogar la norma que desde 2011 regula la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y reemplazarla por un nuevo esquema denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada". La iniciativa comenzará a debatirse en el Senado y reabre una discusión que excede el mercado inmobiliario: quién controla el territorio y los recursos estratégicos del país.
La legislación vigente establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También limita la superficie que puede concentrar un mismo titular y protege áreas consideradas sensibles, como zonas de frontera y predios con cuerpos de agua de relevancia. Durante el informe emitido en Telediario Federal se recordó que, aun con esas restricciones, todavía existen alrededor de 26 millones de hectáreas disponibles para ser adquiridas dentro del marco legal actual. Mirá la nota completa:
Para el Observatorio de Tierras, el debate no pasa por la cantidad de tierras disponibles sino por cuáles podrían quedar expuestas a una mayor presión de compra. El historiador Matías Oberlin sostuvo que existen departamentos donde ya se superan los límites previstos por la ley y que muchos de ellos coinciden con regiones de alto valor estratégico por la presencia de agua dulce, minerales, hidrocarburos o su ubicación en zonas de frontera. Según afirmó, eliminar la normativa implicaría quitar herramientas de regulación sobre esos territorios.
Desde una perspectiva ambiental, el proyecto también despierta interrogantes sobre la administración de bienes naturales considerados estratégicos. La propuesta oficial elimina artículos vinculados al registro de las operaciones de compra y a los organismos encargados de controlar su cumplimiento. Oberlin advirtió que esto dificultaría conocer quiénes adquieren grandes extensiones rurales y reduciría la capacidad del Estado para monitorear la concentración de tierras. Se trata de la interpretación planteada por el especialista durante la entrevista.
El debate también interpela a las provincias. Gran parte de los recursos naturales que hoy sostienen las economías regionales —desde las cuencas hídricas hasta los yacimientos mineros, petroleros y las tierras productivas— se encuentran fuera de los grandes centros urbanos. Por eso, cualquier modificación en las reglas de acceso al territorio impacta directamente sobre la planificación provincial, el desarrollo local y las políticas de conservación ambiental.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma apunta a fortalecer la propiedad privada y generar un marco más atractivo para las inversiones, sectores académicos y organizaciones vinculadas al estudio del territorio plantean que la discusión involucra mucho más que la compraventa de campos. En un escenario global donde el agua, los alimentos, la energía y los minerales adquieren cada vez mayor valor geopolítico, el Congreso volverá a debatir hasta dónde debe llegar la apertura del mercado de tierras y cuál será el rol del Estado en la protección de recursos considerados estratégicos para el país.
