Lejos de la higiene aséptica, cada vez más embarrados
LABORATORIOS DE LA UNRC
Por Guillermo Geremía
Un Juez Federal que decide primero no imputar a las máximas autoridades y después desestimar la imputación a las segundas líneas de la Universidad y la Facultad por lo “atípico” de su rol. Una denunciante que ahora es “sumariada” y le dan curso al trámite administrativo para que sienta el rigor de haberse animado a sacar relucir los “trapitos sucios”. Una nueva denuncia judicial en curso por hostigamiento contra los mismos que protegieron a los “emprendedores privados” con recursos públicos y una renuncia a la función de alguien que no pudo no saber lo que estaba sucediendo.
El Fiscal Federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas, abrió una nueva causa judicial relacionada con el uso con fines “privados” de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC por parte de un grupo de docentes e investigadores de la mencionada unidad académica. El funcionario judicial le solicita al Juez Federal que investigue las acciones de hostigamiento de las cuales viene siendo víctima la denunciante de las irregularidades que se cometieron y por las cuales fueron detenidos y procesados un grupo de investigadores.
Carlos Ochoa dio curso al pedido del representante del Ministerio Público y solicitó a la Facultad se informe si se están respetando las condiciones de restricción impuestas para evitar el contacto entre la denunciante y los denunciados. La tensión laboral fue in crescendo luego de que fueron sobreseídas por falta de méritos dos de las docentes integrantes del primer lote de imputadas y/o procesados, algunos de los cuales fueron detenidos y su situación judicial los mantiene fuera de la Facultad de Ciencias Exactas.
La secuencia de acontecimiento comenzó con la falta de mérito dictada por la Justicia Federal para las docentes Julia Iparraguirre y Analía Llanes. Si bien seguirán siendo investigadas pidieron ser reincorporadas a las funciones que cumplían en la Facultad. Como la denunciante reclamó que no se cruzaran en el día a día, estas contraatacaron solicitando la apertura de un sumario administrativo para que se investigara su supuesta presencia e injerencia en los allanamientos en donde se desnudaron las maniobras ilegales.
En el medio de esa disputa entre investigadoras, el Juez Carlos Ochoa sobreseyó a la segunda tanda de imputados que integraban Marcela Daniele, Lila Bernardi, Sergio Alemano, Susana Suárez y María Laura Ramírez. Eran la línea superior que debían controlar a los investigadores que se aprovecharon de instalaciones e insumos provistos por la universidad pública. Anteriormente el Juez había desestimado investigar a las máximas autoridades de la UNRC, de la Facultad de Ciencias Exactas y del área de Asuntos Jurídicos.
El magistrado apeló a la calificación de “atípica” la conducta para fundamentar las razones por las cuales no consideraba pertinente incluirlas dentro del proceso de determinación de responsabilidades en los ilícitos investigados. “el análisis es sencillo y se reduce a una cuestión de autoría: la conducta atribuida a los imputados resulta atípica por no revestir, ninguno de ellos, la calidad de autor especial exigida por el tipo penal, lo cual excluye y torna innecesario cualquier tipo de análisis posterior. Es decir, resulta irrelevante indagar acerca de si los hechos enrostrados a las personas traídas a proceso encuadran o no con la redacción típica de la figura en trato, ya que, de cualquier modo, dichas conductas resultarán igualmente atípicas porque no se trata de los sujetos especiales tenidos en miras por el legislador”, asegura Ochoa.
Por las mismas razones que antes había considerado oportuna la posibilidad de imputarlos e investigarlos por las responsabilidades que ostentan en la estructura tanto de la Facultad como de la propia Universidad, ahora decide sobreseerlos por considera que no están relacionados con la autoría de los hechos.
Pese a ser sobreseído por el Juez Federal, lo cual lo alivia de potenciales complicaciones judiciales, sorprendió la renuncia del Director del Instituto de Investigadores Abrobiotecnológicas CONICET-UNRC. El 29 de septiembre, el Dr. Sergio Alemano presentó su dimisión ante la Secretaria de Ciencia y Técnica argumentando “motivos personales a partir de entender que se cumplimentó un ciclo en mis distintas funciones ocupadas en nuestro Instituto desde 2022”. Admite en su renuncia al cargo a partir del 16 de octubre de 2026 que tuvo que atravesar “momentos difíciles”.
En la misma semana de la presentación del anuncio de alejamiento del Director del Instituto de doble dependencia, volvieron a los laboratorios del conflicto las investigadoras Llanes e Iparraguirre. Como la Facultad no había dispuesto ámbitos separados de trabajo, tuvo que ausentarse de su puesto Mariana Reginatto, la solitaria denunciante de los hechos que generaron el conflicto, que lejos de apagarse sigue contaminando el ambiente laboral e institucional ese pabellón en el Campus.
A la denunciante le reprochan las denunciadas “haber presenciado los allanamientos ordenados por la Justicia Federal” e inician un expediente pidiendo que se realice un sumario administrativo. Reginatto pide que se desestimen las actuaciones con el argumento que quienes “habrían promovido las mismas lo hicieron como represalia por la denuncia que oportunamente se vio obligada a formular, la que habría dado origen a un expediente judicial en el que se investigan imputaciones y procesamientos por delitos en el Código Penal de la Nación”.
La Facultad en lugar de conceder la petición de la denunciante, consideró que “la investigación sumaria (…) es un acto preparatorio destinado a verificar los hechos posiblemente irregulares y reunir los elementos de juicio que pudieran justificar la apertura formal de un sumario administrativo”. Rápida ratificación de una acción administrativa interna para quién sacó a luz irregularidades que desde lo legal y lo ético son claramente reprochables y enérgica predisposición a ralentizar los procesos de quienes incumplieron su rol profesional y de agentes públicos.
El uso privado de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas se han transformado desde hace dos años en un verdadero experimento respecto de cómo se subvierte el orden de prioridades. Las acciones desplegadas para ocultar la inconducta profesional, la ambición personal y encubrimiento de terceros son la clara muestra de cómo un ámbito en donde la higiene y la preservación sana de la ambiente laboral pueden cada vez embarrarse más.
Así son las cosas.
