Limia apuntó contra Ferrero por el caso Ludueña y reclamó coherencia ante el escándalo en la Legislatura
Desde Hacemos Unidos por Córdoba cuestionó la postura de la legisladora radical luego de la detención de Omar Ludueña, empleado de planta que trabajaba en su oficina. Recordó que Ferrero había pedido la renuncia de un legislador en un caso anterior y sostuvo que ahora debería “actuar de la misma manera”.
La grave denuncia contra Omar Ludueña, empleado de la Legislatura de Córdoba que desarrollaba tareas en la oficina de Alejandra Ferrero, profundizó el cruce político dentro de la Unicameral.
En diálogo con Telediario Federal, Leonardo Limia se refirió a la imputación y detención del trabajador por una causa vinculada a presuntos abusos sexuales contra menores y puso el foco tanto en la situación de las víctimas como en la respuesta política que, a su entender, debería adoptar Ferrero.
“Es una situación repudiable. Absolutamente hay que pensar en las víctimas, en la familia”, expresó Limia.
El dirigente destacó además la actuación de la Justicia y señaló que la investigación avanza con rapidez.
“La Justicia está trabajando muy bien, la fiscal está trabajando rápido. Esperemos que pronto podamos tener decisiones que alivien la situación, sobre todo de la víctima y la familia”.
Consultado sobre si desde Hacemos Unidos por Córdoba consideran que Ferrero debería renunciar o apartarse de su cargo, Limia recordó la postura que la legisladora radical había adoptado frente a un episodio anterior.
Según planteó, Ferrero había pedido la renuncia de un legislador oficialista luego de conocerse una denuncia contra uno de sus empleados y ahora enfrenta una situación que, desde su mirada, guarda similitudes.
“Ella en su momento hizo un juicio moral del legislador, del exlegislador y de nuestro espacio político, donde decía que el legislador tenía que renunciar”.
A partir de ese antecedente, Limia cuestionó lo que consideró una eventual doble vara.
“Espero que la legisladora, si no tiene una doble vara moral, a la hora de analizar y expresar lo que expresó, tenga que tomar la decisión tal cual le había solicitado anteriormente al exlegislador Flores”.
Y reforzó: “Si ella en su momento decía que por una situación donde un legislador tenía un empleado y ese empleado tuvo una denuncia, una imputación y una detención por abuso sexual de menores tenía que actuar, creo que tendría que actuar de la misma manera”.
Limia reconoció que existieron casos que involucraron a trabajadores legislativos y sostuvo que, frente a situaciones de este tipo, los empleados deben ser apartados y la Justicia debe poder avanzar sin interferencias políticas.
“Hay que rápidamente apartar a estos empleados y darle a la Justicia total libertad para que actúe sin encubrimientos, sin ningún condicionamiento por parte de la política”.
Al mismo tiempo, defendió la actividad parlamentaria y consideró que estos episodios terminan desplazando del debate público otros temas tratados por la Cámara.
Otro de los interrogantes que volvió a plantearse a partir del caso es qué requisitos deben cumplir las personas que trabajan en la Legislatura de Córdoba y con qué frecuencia se actualizan esos controles.
Limia explicó que existe una Secretaría de Administración encargada de aplicar los requisitos previstos para el ingreso del personal y señaló que entre ellos se encuentran los certificados de conducta. Sin embargo, admitió que el sistema necesita controles periódicos.
“Lo que se ha hecho ahora para mejorar todo este tema es no solamente pedir los certificados de conducta, sino pedir más información”.
En esa línea, sostuvo que una de las medidas centrales debe ser exigir la renovación de esa documentación con mayor frecuencia.
“Es importante tener una continuidad en lo que tiene que ver con la actualización de todos los certificados”.
Según explicó, tanto los trabajadores involucrados en episodios anteriores como Ludueña habían cumplido los requisitos correspondientes al momento de su ingreso, mientras que las situaciones investigadas se habrían producido posteriormente.
El caso vuelve así a abrir una discusión que excede la disputa entre oficialismo y oposición: cómo se controla a quienes trabajan dentro de la Legislatura, qué responsabilidades políticas existen y qué mecanismos pueden implementarse para detectar situaciones graves antes de que deriven en nuevos escándalos institucionales.
