Los sujetos que mataron al coipo no podrán escapar de la Justicia ni de la universidad

Tras el asesinato de un coipo en Bahía Blanca, se realizaron marchas contra el maltrato animal. La Universidad Tecnológica Nacional suspendió a uno de los responsables y la Fiscalía investiga el caso bajo leyes de protección animal y conservación de fauna.

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La ciudad de Bahía Blanca se conmovió tras la difusión de un video que muestra a Juan Bautista Bravo (18) golpeando brutalmente a un coipo, mientras su amigo Imanol Santerre registraba toda la secuencia con su teléfono celular. Las imágenes, que evidencian comentarios burlones sobre el animal e incluso menciones a convertirlo en escabeche, generaron un amplio repudio social.

A raíz del hecho, durante la tarde del martes, se llevó a cabo en la Plaza Rivadavia una marcha contra el maltrato animal. Participaron representantes del Municipio y de las agrupaciones Mascoteros Bahienses y Alianza Animal, reclamando justicia y visibilizando la necesidad de proteger la fauna silvestre.

La Universidad Tecnológica Nacional suspendió preventivamente a Juan Bautista Bravo de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Programación, además de solicitar que se le inicie un Juicio Académico por violencia animal. El Consejo Directivo de la Facultad Regional Bahía Blanca fundamentó la medida señalando: “Los registros fílmicos publicados evidencian por parte del Sr. Bravo la realización de actos de violencia y maltrato animal, seguidos de la muerte de un coipo. Resulta evidente la intencionalidad y autoría del hecho (…) Ha causado la indignación de la comunidad y se encuentra reñido con la ética y la conducta civilizada”.

Por su parte, la Justicia también comenzó a actuar de oficio. La causa quedó a cargo de la fiscal Marina Lara, y según informó el Secretario General de Fiscalía, Santiago Garrido, los hechos podrían encuadrarse tanto en la Ley Nacional N.º 14.346 de Protección Animal como en la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Ambas normativas contemplan sanciones de hasta un año de prisión y, en el caso de la ley de conservación, la inhabilitación del autor para acceder a beneficios de suspensión de juicio a prueba.

Los allanamientos realizados a las viviendas de Bravo y Santerre permitieron el secuestro de los celulares, con el objetivo de recuperar los videos originales y diálogos que podrían aportar información sobre la posible intervención de un tercer joven, quien habría retirado el cuerpo del coipo del lugar donde fue arrojado, y que podría ser imputado por encubrimiento.

El accionar municipal también se destacó: Mariana Sierra, directora de Zoonosis, determinó que el municipio se presente como particular damnificado en la causa; mientras que Gisela Caputo, presidenta del HCD, presentó un proyecto solicitando acciones sancionatorias contra los responsables del maltrato.

El coipo es un mamífero nativo de Sudamérica que habita lagunas, arroyos y humedales, y cumple un rol fundamental dentro de los ecosistemas acuáticos. Los especialistas remarcan que estos animales no representan amenaza para las personas y merecen protección y respeto.

Este caso no solo refleja un acto de crueldad, sino también la naturalización de la violencia hacia los animales en la sociedad. La combinación de sanciones judiciales, medidas académicas y movilización social busca enviar un mensaje claro: los animales sienten dolor, miedo y sufrimiento; la violencia contra ellos no puede quedar impune.