“No es una ley superadora”: la dura crítica de Marta Lastra a la nueva ley de discapacidad
Tras la aprobación en el Senado, la abogada especialista en discapacidad Marta Lastra cuestionó el alcance de la norma y advirtió que no resuelve los problemas estructurales del sector. Denunció suspensiones de pensiones, atrasos en los pagos y falta de garantías para el financiamiento.
El Senado de la Nación aprobó una nueva ley de discapacidad que establece un régimen permanente para el sector, con disposiciones sobre pensiones no contributivas, cobertura médica, actualización de prestaciones y regularización de deudas con los prestadores. Sin embargo, la sanción legislativa no logró despejar las preocupaciones de las organizaciones y familias, que advierten sobre el incumplimiento de las normas vigentes y las dificultades económicas que atraviesan las instituciones.

En diálogo con Telediario, Marta Lastra, abogada especialista en discapacidad y mamá de Genaro, realizó una evaluación crítica de la iniciativa. "Esta nueva ley no tiene nada de superadora", sostuvo, al considerar que incorpora de manera permanente algunas disposiciones surgidas durante la emergencia, pero no ofrece una solución integral a la crisis del sistema.
La especialista recordó que la emergencia en discapacidad continúa vigente hasta el 31 de diciembre y cuestionó su implementación. Según denunció, hace dos semanas se suspendieron 21.000 pensiones no contributivas.
"Nunca vamos a dejar de tener esperanzas, pero la credibilidad es poca", expresó, al señalar la distancia entre las leyes sancionadas y su cumplimiento efectivo.
Qué garantiza la nueva ley y cuáles son los cuestionamientos
Entre los principales puntos, la normativa mantiene las pensiones no contributivas equivalentes al 70% de una jubilación mínima y establece su compatibilidad con el empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. También contempla la continuidad de la cobertura médica mediante Incluir Salud, la actualización automática de los aranceles de los prestadores según la movilidad jubilatoria y la elaboración de un cronograma para regularizar los pagos atrasados.
No obstante, Lastra advirtió que la eliminación del carácter de emergencia podría debilitar las herramientas para exigir respuestas presupuestarias al Gobierno nacional. Además, cuestionó que la nueva legislación no contemple suficientemente el financiamiento de todos los sistemas que atienden a las personas con discapacidad. "Tenemos menos garantías a partir del 31 de diciembre", afirmó, y sostuvo que la iniciativa fue elaborada sin una participación adecuada de las personas con discapacidad y sus organizaciones.
La crisis también golpea a las instituciones de Córdoba
Para dimensionar las consecuencias concretas de los atrasos, Lastra expuso el caso de un hogar de Córdoba que atiende a 20 personas adultas con discapacidad y que, según relató, acumula pagos pendientes de Incluir Salud desde noviembre de 2024. La responsable de la institución debió afrontar gastos con recursos propios, prescindir de profesionales y reducir servicios para sostener su funcionamiento.
La situación refleja cómo los problemas de financiamiento nacional repercuten directamente sobre las instituciones provinciales, los trabajadores del sector y las familias que dependen de sus prestaciones. En ese contexto, la abogada también destacó como un avance la eliminación, durante el tratamiento en comisiones, de capítulos del proyecto de Presupuesto 2027 que afectaban directamente a la discapacidad, aunque advirtió que todavía resta analizar el resto del texto.
Con la nueva ley aprobada, el principal desafío será su reglamentación y cumplimiento efectivo. La norma establece un plazo máximo de 30 días para reglamentarla, pero las organizaciones mantienen sus reservas ante los antecedentes de incumplimiento. Lastra anticipó que continuarán los reclamos y las acciones judiciales: "No vamos a dejar de luchar".




