Olor a fraude en las elecciones de Estados Unidos

La erosión de la confianza y el tablero en mutación

La confianza en las instituciones es la columna vertebral de cualquier democracia funcional. Cuando los ciudadanos empiezan a sospechar de las reglas del juego antes de que se emita el primer voto, el sistema entero entra en una zona de peligro.

En los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de una transformación silenciosa pero drástica en las normativas que rigen sus procesos electorales.

Bajo el argumento de "garantizar la seguridad del voto" por un lado, y de "ampliar el acceso al sufragio" por el otro, decenas de estados han alterado de manera fundamental la forma en que los estadounidenses eligen a sus mandatarios. Sin embargo, el resultado inmediato de estas reformas no ha sido una mayor certidumbre, sino un persistente y corrosivo "olor a fraude" que contamina el debate público.

Para entender la magnitud del fenómeno, es crucial recordar que en EE. UU. no existe una autoridad electoral centralizada que gestione las elecciones presidenciales. La Constitución otorga a cada estado la facultad de estructurar sus propios regímenes de votación. Esta descentralización, concebida originalmente como una salvaguarda federalista, se ha convertido en un campo de batalla geopolítico.

En estados pendulares o swing states, los cambios en los requisitos de identificación de los votantes, la regulación del voto por correo y la reconfiguración de los distritos electorales (gerrymandering) se aprueban frecuentemente bajo estrictas líneas partidistas, sembrando la duda de si se busca proteger la democracia o predeterminar su resultado.

La narrativa del fraude se alimenta de dos visiones diametralmente opuestas que fracturan al país: La postura conservadora: Argumenta que la flexibilización excesiva de las reglas —como la recolección de boletas por terceros (ballot harvesting), la eliminación de la exigencia de fotos de identidad estrictas y la extensión desmedida de los plazos para recibir votos por correo— abre ventanas de vulnerabilidad imposibles de auditar con precisión. Para este sector, cualquier oposición a endurecer los controles equivale a una complicidad con la irregularidad.

La postura progresista: Sostiene que las nuevas restricciones estatales, como la reducción de buzones de votación (drop boxes), la purga agresiva de los padrones electorales y las leyes que penalizan errores administrativos menores, son en realidad tácticas de "supresión de votantes". Desde esta perspectiva, el verdadero fraude consiste en dificultar el voto de las minorías étnicas y de los sectores de menores recursos, alterando así el resultado democrático por la vía de la exclusión.

La institucionalización de la sospecha y el futuro democrático

El verdadero peligro de este cambio de régimen electoral en múltiples estados no radica únicamente en la posibilidad de fallos técnicos o malas prácticas el día de las elecciones, sino en la institucionalización de la sospecha. Cuando las leyes cambian de forma constante y abrupta según el partido que controle la legislatura local, el marco legal pierde su carácter neutral y pasa a ser visto como un arma política. La percepción de parcialidad destruye el principio de aceptación de la derrota, un pilar indispensable para la estabilidad social. Si el perdedor de una contienda legítima atribuye su fracaso de manera automática a un "sistema amañado", la transición pacífica del poder se vuelve una utopía.

Asimismo, la digitalización y la automatización de ciertos procesos de escrutinio, lejos de calmar las aguas, han añadido gasolina al fuego. A pesar de los esfuerzos de las agencias de ciberseguridad y de las auditorías estatales que validan la integridad de las máquinas de votación, la desinformación en redes sociales magnifica cualquier anomalía logística inherente a un proceso donde votan millones de personas, transformando un error humano aislado en una supuesta conspiración a gran escala.

Las reformas que limitan las atribuciones de los gobernadores o de los secretarios de Estado tradicionales para certificar los votos, trasladando ese poder a comités legislativos locales, añaden una capa de incertidumbre jurídica alarmante.

En conclusión, el panorama electoral estadounidense actual refleja una crisis de fe institucional de proporciones históricas. Mientras los estados continúen legislando para complacer a sus bases más radicales en lugar de buscar un consenso bipartidista que equilibre el acceso fácil al voto con auditorías estrictas de seguridad, el "olor a fraude" seguirá flotando sobre los centros de votación.

Estados Unidos se encamina a un escenario donde el mayor desafío del ganador no será gobernar, sino convencer a la mitad del país de que su victoria fue legítima. La reforma del régimen electoral debe dejar de ser una estrategia de trinchera para volver a ser la garantía de la voluntad popular.

Pablo M. Wehbe – Profesor UNRC-UNVM-UCC

Columnista de Temas Internacionales en Canal 13