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Passerini impulsa narcotest y chequeo de antecedentes para todos los municipales

 El intendente anunció que enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para extender los controles de antecedentes penales y pruebas de drogas a todo el personal municipal, luego de que el único imputado en el femicidio de Agostina Vega trabajara en el municipio.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, anunció este miércoles que impulsará un proyecto de ordenanza para extender los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal.

La medida se produce en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, cuyo único imputado, Claudio Barrelier, estaba empleado en la municipalidad.


La iniciativa busca aplicar los mismos controles que actualmente se realizan a funcionarios de la administración a todos los trabajadores municipales. Según un comunicado oficial, el proyecto será presentado en la sesión del Concejo Deliberante prevista para el jueves 4 de junio, con la intención de que tenga un tratamiento rápido y efectivo.

“Espero que la ordenanza tenga un rápido tratamiento para que comiencen a correr los plazos previstos. Los cordobeses merecemos una sociedad mejor y ese compromiso debe empezar por la casa de todos”, sostuvo Passerini, subrayando la necesidad de reforzar los filtros internos en el municipio.

En paralelo, Raúl La Cava retomará esta semana su banca en el Concejo Deliberante. El reemplazo se da luego de que Ricardo Moreno, concejal vinculado a Barrelier, había ocupado temporalmente la banca de La Cava. El edil destacó que parte de las medidas que impulsa la intendencia buscan garantizar que hechos como el caso de Barrelier no vuelvan a ocurrir en el ámbito municipal, reforzando los controles internos y la transparencia en la selección del personal.



El anuncio generó un fuerte debate sobre la seguridad laboral y la necesidad de controles más estrictos en organismos públicos. Especialistas señalan que la medida puede convertirse en un antecedente para otras jurisdicciones que busquen prevenir la vinculación de personal con antecedentes penales graves o consumo de drogas.


El Concejo Deliberante deberá ahora analizar la propuesta y definir su implementación, mientras que la sociedad cordobesa sigue impactada por el caso que motivó estas reformas.



 
 

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