Qué es la "Ley Joaquín" y cómo garantiza que ninguna víctima transite el dolor sola
La Legislatura aprobó por unanimidad la iniciativa que modifica el Código Procesal Penal. Con la nueva normativa, Córdoba asegura que las víctimas sean escuchadas, reciban asistencia y se evite que sufran nuevamente durante los procesos penales.
La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la denominada “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Laboulaye en 2023. La norma busca garantizar derechos y acompañamiento a las víctimas de delitos y sus familias, fortaleciendo su participación en todo el proceso judicial.
En entrevista con Telediario, Juan Manuel Llamosas destacó: “No alcanza con sancionar delitos. También hay que acompañar a quienes los sufren. No alcanza con juzgar. Hay que estar. No alcanza con normas. Hace falta humanidad”. Sus palabras reflejan el espíritu de la ley, que incorpora protocolos de trato digno y capacitación obligatoria para operadores judiciales y de seguridad.
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La iniciativa, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, establece que las víctimas sean escuchadas en etapas decisivas del proceso, como juicios abreviados o recupero de libertad del imputado, evitando revictimización y garantizando asesoramiento legal gratuito, para quienes no tengan recursos. Llamosas resaltó en Telediario que la ley busca que “ninguna víctima vuelva a transitar este camino en soledad”.
Durante el debate en el recinto, la participación de todos los bloques permitió incorporar un observatorio con intervención de familiares y reforzar la protección en casos donde los victimarios sean funcionarios de seguridad o del Estado. Según Llamosas, esto permite “evitar que el dolor se profundice” y dar un marco integral de resguardo a las víctimas.
El caso de Joaquín había expuesto limitaciones del sistema judicial cuando el acusado era inimputable. Con la Ley Joaquín, se habilita la participación activa de víctimas y familiares en situaciones similares, equilibrando derechos de defensa y garantías procesales con un enfoque humano y preventivo.
Con su aprobación, Córdoba marca un precedente histórico en el Código Procesal Penal provincial, reforzando la voz y los derechos de quienes sufren delitos y estableciendo un estándar de protección y acompañamiento para futuras víctimas.
