Revés judicial por las retenciones: ordenan devolver más de $23 millones a Aceitera General Deheza
La Cámara Nacional de Apelaciones declaró inconstitucional un decreto del gobierno de Alberto Fernández que había elevado del 31% al 33% los derechos de exportación sobre subproductos de soja. La resolución favorece a la empresa cordobesa y podría tener repercusiones en otros reclamos del sector agroexportador.
La Justicia federal falló a favor de Aceitera General Deheza (AGD) y ordenó al Estado nacional devolverle $23.511.622,40 más intereses, correspondientes a retenciones cobradas sobre una exportación de subproductos de soja realizada en 2022. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional, para la operación cuestionada, el decreto 131/2022, mediante el cual el gobierno de Alberto Fernández había incrementado del 31% al 33% la alícuota de los derechos de exportación.

El conflicto se originó en julio de 2022, cuando la compañía agroindustrial cordobesa abonó una retención del 33% sobre el valor FOB de un embarque. Posteriormente, reclamó ante la Aduana la devolución de los dos puntos porcentuales adicionales, al considerar que correspondía aplicar la alícuota del 31% prevista en el decreto 790/2020.
La presentación fue rechazada inicialmente por la Aduana y luego por el Tribunal Fiscal de la Nación. Sin embargo, la Cámara Federal revocó ambas decisiones y reconoció el derecho de AGD a recuperar el dinero abonado en exceso, con intereses calculados desde la presentación del reclamo hasta su efectivo pago. Además, impuso las costas del proceso al Estado nacional.

El argumento central del fallo se vincula con los límites constitucionales del Poder Ejecutivo para modificar impuestos. Los magistrados retomaron antecedentes de la Corte Suprema que establecen que los derechos de exportación tienen naturaleza tributaria y que su modificación requiere una autorización legislativa suficiente. En este caso, consideraron que el incremento aplicado mediante el decreto cuestionado no cumplía con esas exigencias.
La resolución adquiere especial relevancia para Córdoba y las economías regionales, donde la agroindustria representa una actividad estratégica para la producción, las exportaciones y la generación de empleo. Aunque el reclamo corresponde a una operación puntual de AGD, el caso vuelve a poner en discusión el impacto de las retenciones sobre la cadena productiva. Una diferencia de apenas dos puntos porcentuales puede representar millones de pesos en operaciones de gran volumen y, según especialistas del sector, también repercutir sobre los precios que reciben los productores por la materia prima.
El fallo podría convertirse en un antecedente relevante para otras empresas exportadoras que hayan tributado bajo el mismo decreto, aunque no implica una devolución automática ni una declaración general de invalidez para todas las operaciones. La sentencia todavía podría ser recurrida, por lo que su alcance definitivo dependerá de la evolución del proceso judicial. Mientras tanto, el caso reabre un debate de fondo sobre las facultades del Gobierno nacional para establecer derechos de exportación y las consecuencias económicas de estas decisiones sobre las provincias productoras.




