No más subsidios para discapacidad “Si el Estado no paga, alguien va a terminar absorbiendo ese costo”
La eliminación de las compensaciones económicas que el Estado nacional otorgaba a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad encendió alarmas en el sector del transporte y entre las familias que dependen de ese beneficio para acceder a tratamientos y controles médicos.
La medida fue oficializada por la Secretaría de Transporte y establece el fin de los subsidios destinados a cubrir los boletos gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y personas en lista de espera para trasplantes en servicios de larga distancia.
Desde el Gobierno nacional aseguraron que el derecho seguirá vigente y que las empresas continuarán obligadas a entregar los pasajes sin costo.
“La gratuidad está garantizada”, señalaron desde Nación, al tiempo que aclararon que ahora serán las compañías las que deberán absorber el gasto.
En diálogo con Telediario, Donato Montuori, secretario general de AOITA Río Cuarto, manifestó preocupación por el impacto que podría tener la medida sobre el sistema de transporte y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesa el sector.
El dirigente explicó que el problema no pasa por la vigencia del derecho, sino por quién financiará efectivamente esos boletos. En ese marco, advirtió que si las empresas deben afrontar solas el costo de los pasajes gratuitos, eso podría terminar trasladándose al resto de los usuarios mediante incrementos tarifarios o profundizando la crisis del sistema.
La decisión se da en medio de fuertes tensiones en el transporte de pasajeros y tras la polémica registrada en Córdoba con la FETAP por la continuidad de los boletos gratuitos provinciales para personas con discapacidad.
Mientras tanto, familias que utilizan regularmente este beneficio denuncian que actualmente ya existen dificultades para acceder a los pasajes, con autorizaciones de último momento, cupos limitados y pérdida de turnos médicos por falta de disponibilidad.
El nuevo escenario abre un fuerte interrogante sobre cómo se sostendrá el sistema de gratuidad sin aportes estatales y quién terminará asumiendo el costo de un derecho que continúa garantizado por ley.
