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“Todos tienen derecho a defensa”: el abogado de Pablo Laurta habló tras el traslado al penal de Cruz del Eje

3 sept
2 min de lectura

El abogado Augusto Laferriere habló sobre la situación judicial de Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio ocurrido en Córdoba y por el crimen de un remisero en Entre Ríos. Confirmó que analiza la competencia judicial y aseguró que su defendido mantiene “su versión de los hechos”


Pablo Laurta fue trasladado al penal de Cruz del Eje, donde continuará detenido mientras avanza la investigación por los hechos que se le atribuyen en Córdoba y Entre Ríos.

En diálogo con Telediario Federal, Augusto Laferriere, abogado de Laurta, aclaró que actualmente interviene en la causa de Entre Ríos y que todavía se encuentra bajo análisis la posibilidad de una intervención de la Justicia Federal, debido a la condición de ciudadano extranjero de Laurta. “La competencia federal podría ser la encargada precisamente de juzgar las dos imputaciones”, explicó.

Respecto al expediente por la muerte del remisero en Entre Ríos, Laferriere señaló que la causa se encuentra todavía en etapa de investigación penal preparatoria. Según indicó, la fiscalía continúa recopilando pruebas antes de avanzar hacia una eventual elevación a juicio por jurados.


Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la denuncia presentada por Laurta contra las mujeres fallecidas, vinculada a una supuesta situación relacionada con su hijo. El abogado afirmó que desconoce el contenido completo de esa presentación, pero señaló que su defendido expuso allí su versión sobre el trasfondo del conflicto.

Sobre la responsabilidad penal, Laferriere evitó adelantar una postura sobre los hechos ocurridos en Córdoba y remarcó que no tiene acceso al expediente provincial. Sin embargo, sostuvo que Laurta no posee antecedentes penales y que, durante sus encuentros en prisión, lo observó “como una persona normal” y con capacidad para ejercer su defensa.


El caso continuará con el avance de las investigaciones judiciales y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades. Mientras tanto, la defensa sostiene que debe garantizarse el debido proceso y el derecho a la defensa, incluso en causas de máxima gravedad.



 
 

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