Tras los disparos frente a un dispensario, suspendieron la atención y trasladarán a los trabajadores
Cristian Montoya, secretario adjunto del SUOEM Río Cuarto, confirmó en diálogo con Telediario que la medida fue acordada con las autoridades municipales. El gremio advirtió que los episodios de violencia se venían registrando desde hace semanas y que las medidas de seguridad implementadas resultaron insuficientes.
La violencia registrada en barrio Alberdi, en Río Cuarto, tuvo una consecuencia directa sobre la atención de la salud pública. Tras el enfrentamiento a tiros ocurrido el miércoles por la tarde en la intersección de Vicente López y Serrano, se dispuso la suspensión de las actividades del Dispensario N.º 9, que funciona provisoriamente en la vecinal Nueva Argentina. Los trabajadores serán trasladados hasta que puedan regresar a su sede habitual.
En diálogo con Telediario, Cristian Montoya, secretario adjunto del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), explicó que los problemas de inseguridad no comenzaron con el último enfrentamiento. Según relató, el gremio ya había intervenido semanas atrás debido a las situaciones de violencia que ponían en riesgo al personal sanitario.
“Aproximadamente unos veinte, treinta días nos hicimos presentes en esta vecinal, donde se desarrollan de forma provisoria las tareas del dispensario que está en remodelación. Ya había habido algunas situaciones en las cuales había violencia y había riesgo para los trabajadores”, señaló Montoya.
El dirigente recordó que, frente a las primeras advertencias, las autoridades municipales se habían comprometido a reforzar la seguridad mediante un trabajo conjunto con la Policía y la Guardia Local Preventiva. Sin embargo, el enfrentamiento ocurrido esta semana dejó en evidencia que esas medidas no alcanzaron para garantizar la integridad de los empleados.
“En aquel entonces se comprometieron las autoridades municipales, en conjunto con la Policía y la Guardia Local, en asistir y resguardar estas condiciones de seguridad. Pero los hechos de estos días demostraron que no fue suficiente”, sostuvo.
El episodio que desencadenó la decisión ocurrió el miércoles, cerca de las 16, cuando una discusión entre vecinos terminó con un hombre efectuando tres disparos contra un automóvil en la esquina de Vicente López y Serrano.
En medio del enfrentamiento, dos trabajadores del dispensario debieron resguardarse detrás de una camioneta de la Guardia Local Preventiva para evitar quedar expuestos a los disparos. Uno de los agentes municipales intervino con un arma menos letal y terminó enfrentándose a un grupo de aproximadamente diez personas.
Según había explicado a Telediario el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, Rafael Filippa, uno de los efectivos recibió un golpe con un palo en el brazo y el móvil municipal sufrió daños. Tras el episodio, se decidió retirar a la Guardia Local de la custodia fija del sector y dejar la vigilancia a cargo de la Policía de Córdoba.
Qué pasará con los trabajadores del Dispensario N.º 9
Montoya confirmó que la decisión de interrumpir las actividades en la sede provisoria fue acordada con las autoridades municipales y que se contempla trasladar temporalmente a los trabajadores hasta que finalicen las reformas del edificio ubicado sobre calle Pirovano.
“Esta decisión fue tomada en conjunto con las autoridades. Se comprometieron en trasladar a los compañeros momentáneamente hasta que esté ya en condiciones el dispensario que se está refaccionando”, explicó.
El secretario adjunto del SUOEM aclaró que, una vez habilitada nuevamente la sede habitual, los empleados regresarían a cumplir sus funciones, aunque el gremio continuará supervisando las condiciones laborales.
“Volverían los compañeros a trabajar en el lugar, obviamente siempre con el acompañamiento y nuestro monitoreo de que las condiciones de seguridad sean las que corresponden”, afirmó.
Desde el sindicato remarcaron, además, que ningún trabajador debe exponerse a situaciones de peligro para cumplir sus funciones y que la prestación de un servicio esencial como la salud pública debe estar acompañada de condiciones laborales seguras.
La decisión abre también un interrogante sobre las consecuencias de la violencia para los vecinos que dependen de la atención sanitaria en el barrio. Mientras se espera la reorganización del servicio, el caso vuelve a poner en discusión cómo garantizar la continuidad de la salud pública sin exponer a sus trabajadores a situaciones de riesgo.
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