6 meses sin cobro: profesionales de salud y educación en alerta
- Telediario Digital
- 11 jun
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Las instituciones que asisten a personas con discapacidad enfrentan retrasos de pagos por parte del Estado nacional, mientras provincias y municipios intentan cubrir la falta de fondos. La situación amenaza la continuidad de servicios esenciales y la estabilidad laboral de profesionales.
En diálogo con Telediario Federal, Mariel Chiapero, presidenta de la Asociación de Instituciones de Personas con Discapacidad de Santa Fe, alertó sobre la grave situación que atraviesan los espacios que brindan asistencia a personas con discapacidad. “Hay instituciones que no cobran desde hace seis meses los servicios prestados en 2025”, aseguró.
Chiapero explicó que muchos usuarios dependen de pensiones no contributivas, y que el Estado nacional no cumple con los pagos en tiempo y forma, generando deudas acumuladas que ponen en riesgo el funcionamiento de las instituciones. Profesionales de salud y educación enfrentan dificultades para sostenerse económicamente, y algunos migran a otras actividades por falta de pago.
A nivel provincial, se han presentado proyectos para la creación de fondos específicos, y algunas instituciones han solicitado audiencias a la Secretaría Nacional de Discapacidad para exigir que se cumplan los compromisos asumidos, incluidos acuerdos internacionales que protegen derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
El impacto se siente en todo el país: mientras provincias como Córdoba intentan acompañar con medidas locales, la responsabilidad principal recae en Nación. Esta descoordinación genera presión adicional sobre gobiernos locales y municipios, que deben atender la demanda sin contar con recursos suficientes.
La falta de continuidad en los servicios afecta la vida cotidiana de las personas con discapacidad: no solo en rehabilitación y educación, sino también en actividades básicas como alimentación, higiene y socialización. La persistente demora amenaza con dejar vacíos irreparables en la asistencia y cuidados que dependen de estas instituciones.
Las autoridades provinciales esperan ahora la respuesta del gobierno nacional para definir si se mantendrá la asistencia o si las instituciones deberán cerrar, lo que dejaría a miles de personas sin apoyo. La situación plantea un dilema político y social: ¿quién asumirá la responsabilidad ante la inacción del Estado central?
