Bullrich se diferencia del Gobierno y busca aprobar la Ley de Discapacidad el 19 de noviembre
La jefa del bloque oficialista en el Senado consiguió respaldo de aliados y sectores opositores para avanzar con el proyecto sin los cambios que pretendía la Casa Rosada. La iniciativa protege las pensiones, garantiza prestaciones médicas y establece obligaciones presupuestarias.
La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó que la Cámara alta está preparada para tratar la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y que podría convertirse en ley el próximo 19 de noviembre. El anuncio volvió a exponer diferencias dentro del oficialismo, luego de que la legisladora rechazara modificaciones impulsadas desde el Gobierno de Javier Milei.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, expresó Bullrich a través de sus redes sociales. Además, dejó un mensaje con contenido político: “El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza consiguió la semana pasada un dictamen de mayoría con el respaldo de legisladores aliados y sectores de la oposición. El acuerdo permitió mantener el texto aprobado por Diputados, pese a los intentos de un sector del Ejecutivo de introducir modificaciones.
Qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad
El proyecto busca revertir algunas disposiciones contempladas por el Gobierno nacional en su propuesta de Presupuesto 2027 y establece garantías para las personas con discapacidad y sus familias.
Entre sus principales puntos, ratifica que las Pensiones No Contributivas por Discapacidad podrán cobrarse junto con ingresos provenientes de un empleo formal, además de permitir su compatibilidad con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
También garantiza la continuidad de Incluir Salud, el programa que brinda cobertura de prestaciones médicas a sus beneficiarios, y contempla la asignación de recursos presupuestarios para sostener su funcionamiento.
Otro aspecto relevante establece que, antes de suspender un beneficio, el Estado deberá notificar formalmente a la persona afectada y otorgarle un plazo de 60 días para presentar su descargo, seguido de una revisión administrativa.
El financiamiento, una discusión clave
Uno de los puntos centrales de la negociación parlamentaria fue el financiamiento de las prestaciones. El texto dispone que los gastos deberán cubrirse mediante partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud de la Nación y que los recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
La discusión tiene especial importancia para las provincias y el interior del país, donde la continuidad de las prestaciones depende de una red de instituciones, profesionales, centros de rehabilitación y servicios de atención que necesitan financiamiento sostenido.
La disponibilidad efectiva de recursos será determinante para que las garantías establecidas por la ley se traduzcan en atención concreta, especialmente en ciudades y localidades alejadas de los grandes centros urbanos.
El proyecto también contempla la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas, un punto relevante para incorporar las necesidades y realidades de las distintas jurisdicciones.
Bullrich marca diferencias con Milei y crece la expectativa por la votación
Más allá del contenido de la iniciativa, el avance parlamentario volvió a poner en evidencia las diferencias políticas entre Bullrich y sectores de la Casa Rosada.
La exministra de Seguridad priorizó los acuerdos alcanzados con otros bloques por encima de los cambios que pretendía introducir el Ejecutivo. Su decisión se suma a otras intervenciones públicas en las que reclamó que los resultados del programa económico lleguen a toda la población.
El próximo 19 de noviembre será una fecha clave: si el Senado aprueba el proyecto sin modificaciones, la iniciativa quedará sancionada. El desafío posterior será garantizar que las disposiciones sobre pensiones, cobertura médica y financiamiento tengan una aplicación efectiva en todo el territorio nacional.
