Casi 50 años después, comienza el juicio por los crímenes de la dictadura en Río Cuarto: 24 acusados y 70 víctimas
El próximo martes 20 de octubre comenzará en Córdoba el juicio por más de 60 hechos cometidos entre 1975 y 1978 en Río Cuarto y el sur provincial. Daniel Olarticoechea, abogado querellante y expreso político, y Karen Torres, coordinadora de la Casa de la Memoria, destacaron la importancia histórica del proceso y la posibilidad de reconstruir lo ocurrido hace casi cinco décadas.
El próximo martes 20 de octubre comenzará en los tribunales de Córdoba uno de los procesos judiciales más importantes para la historia reciente de Río Cuarto y el sur provincial.
Se trata de la denominada Megacausa Gutiérrez, que investigará 65 hechos vinculados con delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978, con aproximadamente 70 víctimas y 24 exintegrantes de fuerzas militares y policiales que, según la información inicial, serán juzgados.
En diálogo con Telediario, el abogado querellante y expreso político Daniel Olarticoechea sostuvo que se trata de un acontecimiento sin precedentes para la región.
“Nunca hemos tenido un juicio de estas características con respecto a los hechos ocurridos tanto en Río Cuarto como en el sur de la provincia de Córdoba”, señaló.
También reconoció que el proceso llega después de décadas de demoras, atravesadas por las leyes de impunidad, los indultos y distintas instancias judiciales.
La causa lleva el nombre de Hermes Gutiérrez, quien estuvo al frente de una estructura militar desde la que, según explicó el abogado, se coordinaba la represión junto con integrantes de la Fuerza Aérea, la Policía provincial y la Policía Federal.
Gutiérrez falleció antes de llegar a juicio, por lo que la causa actualmente lleva el nombre de otro de los imputados. La investigación tiene uno de sus principales focos en la Universidad Nacional de Río Cuarto y su zona de influencia.
Uno de los aspectos más impactantes del expediente es la aparición de Miguel Ángel Salinas, identificado como responsable de la masacre del Banco Popular Financiero ocurrida a fines de la década de 1980.
Según explicaron durante la entrevista, su nombre aparecía desde hacía años en testimonios de víctimas del terrorismo de Estado, pero recién en 2022 la Justicia logró establecer su identidad y vincularlo con hechos de secuestro y tortura durante la dictadura.
“En los testimonios aparecía como Salinas, un tal Salinas, no sabíamos a quién hacían referencia”, recordó Olarticoechea, quien destacó la importancia de haber podido reconstruir su participación en los hechos investigados.
Por su parte, Karen Torres, coordinadora de la Casa de la Memoria, remarcó que el proceso judicial no solo representa una instancia de reparación para las víctimas y sus familiares, sino también una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido en la ciudad.
Torres señaló que las víctimas tuvieron que brindar sus testimonios reiteradamente durante décadas y sostuvo que el significado del juicio debe trascender una eventual sentencia.
La reconstrucción de la memoria colectiva y la defensa de las instituciones democráticas aparecen como dos de los principales desafíos que deja este proceso.
Otro punto relevante será el tratamiento de los hechos cuyos responsables ya fallecieron. Olarticoechea explicó que, en esos casos, se buscará reconstruir lo sucedido mediante instancias de esclarecimiento histórico, sin que puedan dictarse condenas penales contra personas fallecidas.
La Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto participa como querellante, con el respaldo institucional del municipio y la intervención de organismos de derechos humanos y representantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Con el inicio de las audiencias, la Justicia buscará determinar responsabilidades y reconstruir una parte de la historia regional que permaneció durante décadas sin una resolución judicial definitiva.
