CAUSA LABORATORIOS: ¿LA MEDIDA ES O NO PROPORCIONAL AL DELITO?

Por Guillermo Geremía

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El delito, es el uso privado de instalaciones públicas de investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas. Por esa acción hubo personas detenidas que están procesados, otros imputados que siguen investigados y dos profesoras a quienes les dictaron la falta de mérito pero siguen investigadas.

La medida, es la decisión de la Cámara de Apelaciones de Córdoba de no hacer lugar al recurso de queja presentado por el Fiscal Federal Rodolfo Cabanillas para que también se incluyeran como imputados y fueran investigadas las autoridades del Rectorado, de la Facultad y del área de Asuntos Jurídicos de la Universidad.

“Se resuelve, por mayoría NO HACER LUGAR al recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en contra de la resolución de fecha 3 de octubre de 2025 dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto en cuanto dispuso declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto (art.449 CPPN)”. La resolución adoptada por la Cámara de Federal de Córdoba tiene fecha del 28 de julio y rechaza el reproche del Fiscal al Juez por no querer imputar a la Rectora Marisa Rovera, a la Vicerectora Nora Bianconi y al Decano de la Facultad de Exactas, Germán Barros.

Además a las autoridades jurídicas Hugo Abraham y Esteban Valentinuzzi. También salva de ser imputada a Marta Dardanelli, actual secretaria de Ciencia y Técnica de la UNRC.

La resolución de la Cámara Federal de Córdoba da cuenta de un ‘tiempismo’ judicial propio del nado sincronizado olímpico. Se hizo pública pocos días después de que la Rectora (investigada) y el Juez (investigador) aparecieran juntos en un registro fotográfico tras firmar un convenio para que los estudiantes de Derecho de la Facultad de Ciencias Humanas puedan visitar y hacer uso de la biblioteca del Juzgado Federal de Río Cuarto.

Según Cristian Santos, el Decano de Ciencias Humanas que también rubricó el convenio, se justifica en porque “tenemos casi 1.000 estudiantes de Abogacía en nuestra facultad, es una de las dos carrera que nos acreditan en CONEAU (Comisión Nacional  de Evaluación y Acreditación Universitaria). Uno de los puntos que nos habían marcado como mejora era el acceso a bibliografía para estudiantes y en ese marco se da”.

La acción institucional generó sorpresa en ámbitos de los tribunales federales y entre los abogados de los ya procesados y defendidos, dado que estaba pendiente de conocerse, si la Cámara iba o no aceptar la queja del Ministerio Público, sobre el perímetro de excepción puesto por el magistrado para las autoridades universitarias en la marcha de la investigación.

La duda razonable es saber si antes de la firma del convenio y su anuncio público algunos ya conocían lo que el tribunal de alzada resolvería, o si fue ese acto protocolar un último mensaje para alentar la medida con el sentido que, por mayoría y no por unanimidad, fue adoptada.

El freno a las intenciones del Fiscal Cabanillas de avanzar en las responsabilidades de las autoridades universitarias por los ilícitos detectados en los laboratorios de la Facultad donde era Decana quien hoy es Rectora, fue adoptado por  dos de los magistrados más cuestionados públicamente de los tribunales federales de Córdoba.

La presidenta de la Cámara es la Jueza Graciela Montensi y el otro que aportó su voto es Abel Sánchez Torres, quienes son señalados de valerse de su situación afectiva para sufragar en mayoría y emitir fallos favorables según sus intereses. En disidencia votó  la jueza de Cámara Liliana Navarro.

“La naturaleza y la oportunidad de los actos solicitados determinan que su rechazo actual proyecte efectos de imposible subsanación; ya que compromete la línea de investigación trazada” advierte la camarista Navarro.

En lenguaje coloquial, no investigar a las autoridades genera un efecto irremediable.

“En otras palabras, la desestimación de los llamados a indagatoria introduce un riesgo de atomización del objeto procesal que justifica la revisión de dicha decisión por parte de este Tribunal de Alzada”, afirma la magistrada.

Mientras tanto el camarista Sánchez Torres,  consideró que “no le asiste razón al Agente Fiscal, en cuanto alegó que la decisión supone que la investigación no continúa, ni mucho menos en que se esté restringiendo indebidamente las facultades constitucionales del Ministerio Público Fiscal, o generando un estado de incertidumbre que priva a la sociedad de avanzar en la dilucidación integral de los hechos. Por el contrario, sostuvo que se trata de una decisión adoptada en un momento incipiente de la investigación y que en modo alguno la limita”. La teoría de las dos bibliotecas judiciales a cielo abierto.

“Comparto los argumentos y solución propiciada en el voto que antecede y en consecuencia, me expido en idéntico sentido”, se limitó a teclear  la señora Jueza de Cámara Graciela Montesi, en pleno acuerdo por lo actuado por su compañero de vida.

Sánchez Torres y Montesi tienen sendas acusaciones de los Fiscales Federales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedian tras la denuncia realizada por una ex funcionaria judicial por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso, incluyendo la solicitud de realizar un certificado falso. Además  al Camarista se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, según lo reveló el periodista Adolfo Ruiz en la revista El Sur.

Tendrá que explicar cómo hizo para adquirir su lujosa vivienda, valuada en 1,3 millones de dólares con su sueldo de magistrado y docentede una universidad privada.

Es el mismo funcionario judicial que a la salida de una cata de vinos ocurrida el martes 23 de junio por la noche dejó abandonada su camioneta al volcar en una alcantarilla de desagües ubicada en Avda. de Circunvalación y el camino a San Carlos.

Contó con el beneficio de la Policía de Córdoba que no informó del accidente, y logró evitar así un análisis de alcoholemia que le habría dado positivo y su correspodiente multa por conducción peligrosa. La jueza Montesi no viajaba con él porque estaba en Buenos Aires, según lo publica el sitio web streapteasedelpoder.com

La decisión de la Cámara Federal no implica necesariamente que las responsabilidades de las autoridades universitarias queden obviadas legalmente.

Alberto Losada, el Fiscal de Cámara tiene 10 días hábiles para recurrir la medida en el tribunal de alzada.

Si Casación tiene que intervenir ya será Comodoro Py quien tenga que arbitrar y entonces la decisión no dependerá de la “famiglia” federal cordobesa. No obstante el proceso judicial sigue abierto a nuevas pruebas que puedan determinar hacer cambiar la medida que evitó la indagatoria de las seis autoridades eximidas primero por el Juez y luego la pareja de camaristas.

En la última semana de julio la investigadora denunciante de los hechos ocurridos en el Campus acudió al Fiscal Federal para que haga cumplir la disposición de restricción en su momento establecida para con las investigadoras.

Mariana Reginatto manifestó que Analía Llanes y Julia Iparraguirre, tras ser beneficiadas por el Juez Ochoa con la “falta de mérito” solicitaron ser reincorporadas a sus tareas habituales, disposición que fue confirmada por el ConsejoDirectivo de la Facultad de Ciencias Exactas. Esta medida entra en colisión con la restricción de acercamiento de las denunciadas con la denunciante. Un capítulo más del ya voluminoso expediente judicial y/o administrativo que tiene la situación denunciada por la solitaria investigadora.

La situación se ha dilatado casi dos años en el ámbito académico que difícilmente a otro actor de la vida institucional de la universidad, difícilmente tome impulso de ser acusador de una situación de corrupción manifiesta como la denunciada en el Campus.

De los absurdos ocurridos en la búsqueda del esclarecimiento  de los hechos, algunas de las investigadoras bajo investigación presentaron una denuncia por violencia laboral contra la denunciante al sentirse hostigadas por el propio curso de la pesquisa en marcha. Incluso acusaron a los policías actuantes de trato desconsiderado al secuestrarles computadoras y teléfonos en busca de pruebas de las maniobras fraudulentas ejecutadas

Dos camaristas que tienen abiertos dos expedientes en la Justicia Federal, uno en el fuero Penal local y otro en el Consejo de la Magistratura de la Nación decidieron que no fueran indagadas las autoridades de la universidad pública en donde un grupo de investigadores utilizaron instalaciones y recursos del erario nacional para beneficio propio.

¿La medida de imputar a las autoridades de la universidad para profundizar la investigación de lo sucedido no es proporcional al delito que se investiga como argumenta el Juez Ochoa?, o supone esta “una errónea aplicación del principio de proporcionalidad, que debe evaluarse en relación con los fines de la investigación y no en abstracto respecto del tipo penal imputado”, como fundamenta la camarista que votó en disidencia.

Entre la bruma de especificidades jurídicas queda en tinieblas la idea de que cuando se sube en la escalera del poder para atribuir responsabilidades es cada vez más difícil ver salir el sol de las verdades de los hechos.

Así son las cosas