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Discapacidad en crisis: Frangie advirtió por las deudas, las demoras y el impacto en más de 200 familias

6 oct
4 min de lectura

El defensor del Pueblo de Río Cuarto analizó en Telediario la situación del sistema y sostuvo que, pese a algunas mejoras recientes, persisten problemas de financiamiento y acceso a prestaciones. “En lo que va del año hemos recibido 220 reclamos”, señaló.

El sistema de atención a las personas con discapacidad está en crisis. Demoras en los pagos, dificultades para sostener tratamientos y el impacto que esta situación genera sobre profesionales, instituciones y familias, mantiene en agenda dicha crisis.



En diálogo con Telediario, el defensor del Pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie, analizó el escenario local a partir de un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba y advirtió que el problema excede lo estrictamente económico.

“Nosotros creemos que el sistema de discapacidad atraviesa una crisis, una crisis muy compleja”, afirmó.

Demoras, deudas y prestadores al límite

Entre los datos expuestos aparecen demoras de entre 90 y 180 días en el cobro de honorarios profesionales, además de prestaciones adeudadas durante varios meses y, en determinados casos, hasta un año.


Frangie señaló que uno de los principales problemas fue el quiebre de la cadena de pagos. Según explicó, esa situación obligó a numerosos prestadores a recurrir a créditos o endeudarse para poder continuar trabajando.


El defensor aclaró que recientemente comenzaron a observarse señales de regularización

“La cadena de pago pareciera que se ha vuelto a normalizar, los aranceles empiezan a ser ajustados”, indicó. Sin embargo, remarcó que el sistema todavía arrastra las consecuencias del deterioro anterior.

De acuerdo con los datos mencionados por Frangie, en el período analizado los aranceles aumentaron alrededor de un 220%, mientras que la inflación acumulada superó el 300%.

También puso el foco sobre el transporte. Aseguró que el reconocimiento por combustible se redujo hasta representar aproximadamente un 40% de lo que se cubría anteriormente.


Para Frangie, la discusión no puede limitarse a los recursos económicos. Uno de los principales cuestionamientos que planteó tiene que ver con la perspectiva desde la cual se aborda actualmente la discapacidad.

“Se pasó de una mirada de derecho a una cuestión patológica”, sostuvo.

El defensor cuestionó una concepción que coloca a la persona con discapacidad únicamente como alguien que debe ser asistido y reclamó avanzar hacia un modelo que elimine las barreras que impiden una integración plena.

Incluso utilizó como ejemplo la propia sede de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto y reconoció que la escalera de ingreso constituye actualmente una barrera de accesibilidad que todavía no pudieron resolver.

“Esto es un problema transversal que nos cruza a todos como sociedad”, afirmó.

Otro de los puntos cuestionados por Frangie fue la forma en que se desarrollaron controles y auditorías sobre el sistema.

“No nos oponemos a ningún tipo de control. Vienen bárbaro las auditorías, pero aquellas que buscan encontrar cuáles son los problemas para solucionarlos y no esta cuestión persecutoria”, expresó.

Según planteó, sobre el sistema se instaló una “mirada de sospecha” que terminó profundizando la incertidumbre de personas que ya enfrentaban dificultades para acceder a prestaciones.


Foto: Otro Punto
Foto: Otro Punto

La situación de Río Cuarto

Frangie marcó una diferencia entre algunos de los problemas señalados a nivel provincial y lo ocurrido recientemente en Río Cuarto.

Explicó que durante el primer trimestre del año hubo fuertes inconvenientes para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que el trámite se había convertido en “un verdadero cuello de botella” en el Hospital San Antonio de Padua.

Sin embargo, aseguró que el problema pudo comenzar a encaminarse mediante un trabajo conjunto entre la Defensoría, legisladores, concejales y el Municipio.


A nivel provincial, durante el programa se expuso que más de 400 mil cordobeses conviven con alguna discapacidad, mientras alrededor de 127 mil cuentan con CUD, documento indispensable para acceder a numerosas prestaciones, tratamientos y servicios.


La diferencia entre tener cobertura y depender del sistema público

El defensor también marcó las desigualdades que aparecen según el tipo de cobertura sanitaria.

“Las personas con discapacidad que tengan obra social o prepaga se encuentran en una situación un poco mejor que aquellos que dependen de Incluir Salud”, señaló.

Según explicó, la falta de determinadas prestaciones en Río Cuarto puede terminar provocando derivaciones hacia Córdoba capital o, directamente, tratamientos que no llegan a realizarse.


También cuestionó las dilaciones que se producen en algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga y reclamó mayores controles para garantizar que las prestaciones indicadas efectivamente se cumplan.


220 reclamos y detrás de cada expediente, una familia

“En lo que va del año hemos recibido 220 reclamos. Si yo lo planteo así, bueno, son 220 casos. Pero si uno saca el caso, es una persona con una familia”, remarcó Frangie.

El impacto, explicó, se extiende mucho más allá de una prestación que se demora. Cuando un acompañante o profesional deja de trabajar porque no cobra, en algunos casos es un integrante de la familia quien debe abandonar o reducir su propia actividad laboral para asumir las tareas de cuidado.

Así, la crisis económica del sistema termina trasladándose directamente a los hogares.



Para comenzar a revertir el escenario, Frangie planteó tres ejes: recuperar una perspectiva de derechos, ordenar y controlar el funcionamiento del sistema y garantizar los recursos necesarios para sostener las prestaciones.


El defensor destacó además que Río Cuarto cuenta con una red de instituciones, profesionales, organismos públicos y familias que trabajan de manera articulada, aunque advirtió que esa solidaridad no alcanza por sí sola para resolver problemas estructurales.


Para Frangie, el desafío central es evitar que detrás de expedientes, auditorías, pagos demorados y trámites se pierda de vista a quienes reciben directamente las consecuencias.


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