El Gobierno dio marcha atrás con el ajuste en Discapacidad y Diputados aprobó una nueva ley
Con 237 votos a favor, la Cámara baja dio media sanción a un régimen permanente que preserva las pensiones, la cobertura de salud y los aranceles unificados. El oficialismo aceptó modificaciones exigidas por la oposición y dejó de lado los recortes previstos en el Presupuesto 2027. Sin embargo, legisladores de Córdoba cuestionaron la falta de participación del sector.
La Cámara de Diputados aprobó una nueva ley de Discapacidad con una contundente mayoría de 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones, luego de una extensa jornada de negociaciones que obligó al Gobierno Nacional a modificar su postura inicial.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, mantiene buena parte de los derechos y prestaciones del sistema vigente y representa un cambio respecto de los ajustes que el Ejecutivo había incorporado al proyecto de Presupuesto 2027.
La votación expuso un giro político del oficialismo. Mientras el presupuesto enviado por el presidente Javier Milei contemplaba restricciones para acceder a las pensiones, incompatibilidades con el empleo formal y la eliminación del arancel unificado de prestaciones, el nuevo texto conserva esos mecanismos de protección. La decisión respondió a la presión de organizaciones vinculadas a la discapacidad y a las exigencias de distintos bloques opositores, que condicionaron su acompañamiento a la eliminación de los recortes.
Qué cambia y qué derechos se mantienen
La iniciativa ratifica las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central de acceso. También sostiene el nomenclador universal y el arancel unificado, dos instrumentos fundamentales para establecer valores comunes de las prestaciones en todo el país. Además, permite compatibilizar la pensión con un empleo registrado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El acuerdo incorporó garantías de cobertura sanitaria mediante el programa Incluir Salud, partidas presupuestarias específicas y mecanismos para preservar el poder adquisitivo de los recursos por beneficiario. También contempla auditorías periódicas y establece que, si existen deudas pendientes con prestadores al sancionarse la ley, el Ejecutivo deberá presentar un cronograma de pagos en 30 días y cancelarlas dentro de los 90 días.
El impacto en las provincias y la posición de Córdoba
Desde una perspectiva federal, uno de los puntos centrales es la continuidad del arancel unificado para las prestaciones de discapacidad. Su eliminación, como contemplaba inicialmente el Presupuesto 2027, habría permitido que obras sociales, prepagas y provincias establecieran valores diferentes. Esto abría interrogantes sobre las desigualdades territoriales en el acceso a tratamientos, rehabilitación y servicios especializados, particularmente en localidades del interior donde la disponibilidad de prestadores suele ser más limitada.
Sin embargo, el amplio consenso nacional no se trasladó a todos los representantes cordobeses. Diputados de Córdoba pertenecientes a Provincias Unidas y Unión por la Patria rechazaron la propuesta al cuestionar el proceso de elaboración. “Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, sostuvo Gabriela Estévez. La posición puso sobre la mesa un debate que trasciende el resultado legislativo:
la necesidad de garantizar que las organizaciones, las familias y los prestadores del interior tengan participación efectiva en las decisiones que afectan al sistema.
Un triunfo legislativo que abre una nueva discusión
La aprobación reunió al oficialismo, el PRO, la UCR, Unión por la Patria y numerosos bloques provinciales, en una votación que reflejó tanto la capacidad de negociación del Congreso como los límites políticos de los ajustes propuestos inicialmente por el Ejecutivo. La iniciativa deberá atravesar ahora el Senado, donde se definirá su sanción definitiva. Más allá del respaldo obtenido, el desafío será garantizar financiamiento, pagos efectivos y acceso equitativo a las prestaciones en todas las provincias, para que los derechos ratificados en el Congreso se traduzcan en servicios concretos para las personas con discapacidad.
