“El presidente no puede estar por encima de la ley”: la dura advertencia de un constitucionalista tras la marcha universitaria
Pablo Luis Manili, abogado constitucionalista y profesor de la UBA, cuestionó al Gobierno de Milei por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En diálogo con Telediario, explicó el conflicto judicial, denunció maniobras para demorar el proceso y advirtió que el presupuesto previsto para 2027 podría comprometer el funcionamiento de las universidades públicas.
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a movilizar a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades académicas en distintos puntos de Argentina. El jueves 15 de octubre, miles de personas salieron a las calles para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recuperación de los salarios y mayores recursos para garantizar el funcionamiento del sistema público de educación superior.
En ese contexto, Pablo Luis Manili, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad de Buenos Aires y representante legal del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), analizó en diálogo con Telediario la situación judicial que enfrenta el Gobierno nacional y cuestionó la decisión del Ejecutivo de no aplicar plenamente la normativa aprobada por el Congreso.
“No podemos permitir en una democracia, en una república, que el presidente se considere por encima de la ley”, sostuvo Manili, al señalar que el conflicto excede la discusión presupuestaria y alcanza principios fundamentales del funcionamiento institucional argentino.
La movilización tuvo una fuerte convocatoria en Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades del país. Según informó la Universidad de Buenos Aires, alrededor de un millón de personas participaron de las manifestaciones en todo el territorio nacional.
Manili explicó que la Ley de Financiamiento Universitario tiene como propósito actualizar los recursos destinados a las universidades frente al avance de la inflación. En su interpretación, la normativa no representa la creación de nuevas partidas de gasto, sino la recomposición de fondos que perdieron poder adquisitivo.
El constitucionalista recordó que 59 universidades nacionales impulsaron una acción de amparo para exigir su aplicación y que el conflicto atravesó distintas instancias judiciales.
Según detalló, las universidades obtuvieron una medida cautelar en diciembre de 2025, posteriormente confirmada por la Cámara y, de acuerdo con su exposición, también por la Corte Suprema en junio de 2026.
“El presidente no puede suspender una ley”, enfatizó, al considerar que el Gobierno debe respetar las decisiones del Congreso y las resoluciones judiciales.
Desde el Gobierno nacional, en cambio, se ha cuestionado el mecanismo de financiamiento previsto por la normativa y se ha defendido la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. Ese argumento fue rechazado por Manili, quien insistió en que la ley contempla una actualización de recursos ya existentes.
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la sanción económica que la Justicia impuso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada al financiamiento universitario.
El juez federal Martín Cormick había establecido una multa de 100.000 pesos diarios, inicialmente dirigida al funcionario responsable de la administración presupuestaria nacional. La resolución también contemplaba la posibilidad de modificar los montos y extender las sanciones a otros funcionarios.
Manili rechazó las versiones sobre la suspensión de esa multa y aseguró que el Gobierno estaba difundiendo una interpretación equivocada de una resolución judicial.
Sin embargo, la situación procesal presenta una controversia relevante. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal admitió un recurso del Estado y habilitó la revisión de la intimación que derivó en la sanción. Distintos reportes jurídicos y periodísticos interpretaron que esa decisión suspendía provisoriamente la aplicación de las multas, mientras que otros señalaron que el fallo no resolvía expresamente ese punto. Lo que no cambió es la vigencia de la medida cautelar que exige aplicar las disposiciones de financiamiento universitario.
Manili también cuestionó la estrategia judicial del Ejecutivo y sostuvo que, durante el proceso, el Estado presentó numerosos recursos y planteos que demoraron el avance de la causa.
“Yo no lo llamo impunidad, yo le llamo tiempo perdido”, expresó, al señalar que las demoras terminan perjudicando a estudiantes, docentes y a la sociedad en su conjunto.
El constitucionalista participó personalmente de la marcha en Buenos Aires, encabezando la columna de la Facultad de Derecho de la UBA junto con autoridades académicas.
Al recordar la movilización, destacó especialmente la presencia de estudiantes de distintas agrupaciones políticas y de jóvenes que no participan en organizaciones partidarias.
“Yo por un lado sentía mucha emoción de ver tantos jóvenes luchando por la educación pública, pero al mismo tiempo sentía mucha lástima por mi país”, manifestó.
Para Manili, la masividad de la convocatoria refleja que la defensa de la universidad pública trasciende las diferencias partidarias.
También cuestionó que docentes y estudiantes deban abandonar sus actividades académicas para reclamar el cumplimiento de una norma aprobada por el Congreso.
“Después de casi 43 años de democracia tengamos que salir a la calle para decirle al presidente que la ley está por encima de él y que la tiene que cumplir”, lamentó.
Durante la movilización en Buenos Aires, se produjeron enfrentamientos y una intervención policial con gases lacrimógenos.
Manili aseguró que debió retirarse del lugar cuando comenzaron los disturbios y denunció la presencia de personas que, según su interpretación de las imágenes difundidas, habrían actuado como infiltrados.
Más allá del conflicto judicial, Manili expresó preocupación por el financiamiento previsto para el próximo año.
Según explicó, las universidades nacionales calcularon que necesitarán aproximadamente 11.000 millones de pesos, frente a los 7.300 millones contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027, de acuerdo con las cifras que expuso durante la entrevista.
A partir de esa diferencia, advirtió que las instituciones podrían enfrentar dificultades severas para sostener sus actividades durante la segunda mitad del año próximo.
“Vamos a llegar a agosto más o menos y en agosto va a haber que cerrar los hospitales universitarios y las universidades”, afirmó, planteando un escenario de riesgo si no se modifican las partidas presupuestarias.
Manili también recordó que el sistema universitario cumple funciones que van mucho más allá de las aulas, mediante hospitales, centros de investigación, servicios odontológicos, veterinarios y consultorios jurídicos gratuitos.
Manili anticipó que las universidades continuarán utilizando las herramientas judiciales disponibles para exigir la aplicación de la ley.
También señaló que podrían solicitar nuevas medidas contra funcionarios nacionales si persiste el incumplimiento de las resoluciones judiciales.
Para Manili, la respuesta es clara. El financiamiento de la educación pública no representa solamente una demanda sectorial, sino la defensa de un derecho constitucional y de una institución fundamental para el desarrollo del país.
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