“El único responsable es el Gobierno nacional”: la respuesta docente al malestar de los estudiantes por los paros
La Federación Universitaria de Río Cuarto cuestionó la reiteración de las medidas de fuerza y advirtió que más de 2.000 estudiantes fueron afectados por la suspensión de mesas de exámenes. Desde CONADU defendieron los paros, denunciaron una pérdida salarial cercana al 40% y responsabilizaron al Gobierno nacional por el conflicto.
La continuidad de los paros docentes y no docentes abrió un nuevo frente de discusión en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). La Federación Universitaria de Río Cuarto (FURC), conducida por Dinámica Estudiantil, difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por las consecuencias académicas de las medidas de fuerza. La respuesta no tardó en llegar desde el sector docente, que defendió el derecho a huelga y apuntó contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Bajo la consigna “Sin estudiantes no hay universidad”, la conducción estudiantil manifestó su respaldo a la educación pública y al reclamo salarial de los trabajadores, aunque cuestionó la reiteración de los paros por su impacto sobre el dictado de clases y las posibilidades de rendir exámenes.
“Nos manifestamos en contra de los paros reiterados que solo afectan al estudiante. Estamos convencidos de que la lucha es en conjunto y no debe golpear al resto de los claustros”, sostiene el comunicado de FURC.
La Federación también hizo hincapié en el esfuerzo económico que representa estudiar una carrera universitaria, especialmente para quienes llegan desde otras localidades y deben afrontar gastos de alquiler, transporte, alimentación y materiales de estudio.
Más de 2.000 estudiantes afectados por la suspensión de exámenes
Para respaldar su planteo, la FURC difundió los resultados de un relevamiento realizado entre estudiantes de la universidad.
Según los datos presentados por la organización, más de 2.000 alumnos resultaron afectados por la suspensión de mesas de exámenes, mientras que el 88% de los consultados perdió cinco o más clases durante el año.
El informe también señala que el 33% perdió entre 11 y 19 clases y que el 90% manifestó dificultades extremas para mantener sus carreras al día. Se trata de cifras difundidas por la propia Federación, sin precisiones disponibles sobre el tamaño y la metodología de la muestra.
El reclamo pone sobre la mesa una preocupación que afecta especialmente a quienes dependen de una organización académica regular para sostener sus estudios. En una universidad que recibe estudiantes de Río Cuarto y numerosas localidades del sur provincial y otras regiones, las interrupciones también repercuten en la economía de las familias que financian su formación.
La respuesta docente: “El Gobierno está en una actitud criminal contra la ley”
En diálogo con Telediario, Florencia Granato, secretaria de Coordinación de CONADU a nivel nacional, respondió al pronunciamiento estudiantil y defendió las medidas de fuerza que vienen desarrollando los trabajadores universitarios.
La dirigente sostuvo que el conflicto se arrastra desde hace casi tres años y denunció un fuerte deterioro de los ingresos durante la gestión del presidente Javier Milei.
“Este conflicto lleva con Milei ya tres años casi, de deterioro de nuestros salarios, habiendo perdido ya cerca del 40% de nuestros salarios”, expresó.
Granato también cuestionó al Ejecutivo nacional por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Tenemos una ley que el Gobierno criminal, porque está en una actitud criminal contra la ley, ha decidido no aplicar”, afirmó durante la entrevista.
Para la representante sindical, el problema no se limita a la pérdida del poder adquisitivo, sino que también repercute directamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza.
Según explicó, numerosos docentes deben recurrir a segundos o terceros empleos para sostener sus ingresos, lo que reduce el tiempo disponible para actualizar contenidos, investigar, preparar materiales y planificar las actividades académicas.
“Y eso impacta, aunque los estudiantes algunos lo vean o no lo vean, en la calidad educativa”, advirtió.
Granato insistió en que “el único responsable en este conflicto es el Gobierno nacional”, al considerar que la falta de aplicación de una ley vigente mantiene abierta la disputa salarial y presupuestaria.
“Nadie pierde el año”: qué respondió Granato a los estudiantes
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la preocupación expresada por la Federación Universitaria sobre las consecuencias de los paros para quienes necesitan completar sus materias y rendir exámenes.
Granato defendió el paro como una herramienta constitucional de los trabajadores y recordó que las organizaciones universitarias también recurrieron a otras formas de protesta.
En ese sentido, señaló que durante la gestión de Javier Milei ya se realizaron cinco marchas universitarias para visibilizar el conflicto y reclamar respuestas.
Respecto de la posibilidad de que las interrupciones comprometan el ciclo académico, la dirigente fue categórica: “Nadie pierde el año”.
Para fundamentar su postura, recordó otros períodos de prolongados conflictos universitarios desde el retorno de la democracia y sostuvo que las medidas de fuerza no necesariamente implican que los estudiantes pierdan un ciclo lectivo completo.
También planteó que los alumnos pueden continuar estudiando con los materiales disponibles y posteriormente realizar consultas con sus docentes para preparar los exámenes.
Se trata, sin embargo, de la posición expresada por la representante de CONADU frente a la preocupación de la conducción estudiantil, que advierte sobre las dificultades concretas para sostener la regularidad académica.
Noviembre: nuevos paros no docentes y un calendario reducido
Lejos de resolverse, el conflicto universitario continuará durante las próximas semanas.
Los trabajadores no docentes anunciaron nuevas jornadas de paro sin asistencia a los lugares de trabajo para el martes 3, jueves 5, jueves 12, lunes 16, martes 17 y viernes 27 de noviembre.
A estas medidas se suman los paros previstos para el miércoles 28 y jueves 29 de octubre, que afectarán el funcionamiento de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
El panorama de noviembre también estará condicionado por feriados y asuetos. Según el calendario analizado durante Telediario, la combinación de días no laborables y medidas de fuerza dejaría apenas diez jornadas potenciales de cursado durante ese mes.
La actividad efectiva dependerá de la organización de cada carrera, los días habituales de cursado y la adhesión a las medidas gremiales. Además, las huelgas no docentes pueden afectar el funcionamiento general de las instalaciones universitarias, incluso cuando los profesores no realizan paros.
Un conflicto que sigue sin resolverse
El pronunciamiento estudiantil y la respuesta de CONADU reflejan dos dimensiones de una misma crisis: por un lado, las dificultades que enfrentan los alumnos para avanzar en sus carreras; por otro, el deterioro salarial denunciado por los trabajadores y la disputa con el Gobierno nacional por el financiamiento de la educación superior.
Mientras la Federación Universitaria reclama condiciones para garantizar la continuidad académica, los gremios insisten en que las medidas de fuerza son consecuencia de un conflicto que lleva años sin encontrar una solución.
Con nuevas jornadas de paro anunciadas y un calendario académico cada vez más ajustado, la Universidad Nacional de Río Cuarto enfrenta un cierre de año atravesado por la incertidumbre, en medio de una discusión que excede las aulas y vuelve a poner en debate las condiciones necesarias para sostener la educación pública.
