“ Estamos ante un gobierno que nos ha abandonado”: el reclamo por la emergencia en discapacidad
Referentes, instituciones y personas con discapacidad participaron de una asamblea en la Fundación I.R.A.M. y reclamaron que el Congreso extienda la vigencia de la Ley 27.793. Advirtieron por deudas, prestaciones y centros de rehabilitación en dificultades, y pidieron ser incluidos en cualquier modificación de la normativa.
En medio de la discusión nacional por el futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad, organizaciones, referentes y personas con discapacidad se reunieron este miércoles en la Fundación I.R.A.M., en Córdoba, para reclamar la prórroga de la normativa hasta el 31 de diciembre de 2027 y exigir el cumplimiento integral de las medidas que, según denunciaron, todavía permanecen pendientes.
La convocatoria se realizó mientras en la Cámara de Diputados estaba prevista una reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para emitir dictamen sobre el proyecto de prórroga. La Ley 27.793 declaró la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla expresamente la posibilidad de extenderla durante un año más.
Durante la asamblea, uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al grado de implementación de la normativa.
Los participantes sostuvieron que continúan pendientes las compensaciones destinadas a recuperar el atraso acumulado en los aranceles de las prestaciones, y aseguraron que las actualizaciones posteriores no alcanzaron para compensar el desfase anterior.
La propia Ley 27.793 establece una compensación de emergencia para los prestadores que debe contemplar la diferencia entre la evolución de los aranceles y la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. También dispone mecanismos para actualizar los valores de las prestaciones.
Desde las organizaciones plantearon además que numerosas instituciones continúan atravesando dificultades financieras y acumulando obligaciones con el Estado. La normativa también contempla un régimen especial para la regularización de deudas tributarias de prestadores, que posteriormente fue reglamentado por el Gobierno nacional.
Los participantes insistieron en que la prioridad inmediata debe ser sostener el marco legal de emergencia mientras se completa su implementación. El planteo estuvo dirigido especialmente a diputados y senadores nacionales, incluidos los representantes de Córdoba, para que acompañen la extensión de la emergencia.
Según expresaron durante la asamblea, abandonar ese régimen sin que previamente se hayan resuelto los problemas pendientes podría dejar prestaciones y financiamiento sujetos a nuevas decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.
También cuestionaron que se avance con una eventual normativa que reemplace el actual esquema sin una participación suficiente de las propias personas con discapacidad. El pedido es claro: "que se vote la prórroga de la ley de emergencia hasta diciembre de 2027 y que se cumpla cada punto que establece la ley”.
La Ley 27.793 incluye entre las obligaciones del Estado mecanismos de diálogo y consulta con personas con discapacidad, organizaciones que las representan y prestadores.
Uno de los testimonios más fuertes de la jornada fue el de Carolina Forchino, comunicadora social, referente en discapacidad y persona con una condición poco frecuente. Forchino explicó que necesita rehabilitación permanente y describió las consecuencias concretas que puede tener la interrupción de una prestación.
“Yo no puedo darme el lujo de dejar las rehabilitaciones. A mí me dejan sin rehabilitación, me cortan mi calidad de vida”.
La referente aseguró que observa diariamente personas que deben reducir o abandonar tratamientos por problemas de cobertura y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan algunos centros.
“ Estamos ante un gobierno que nos ha abandonado, completamente nos ha abandonado. Cuando voy a un centro de rehabilitación a tomar mis terapias, cómo muchos pacientes y compañeros tienen que dejar de ir porque las obras sociales no les cubren”.
Forchino pidió además que las personas con discapacidad sean escuchadas directamente al momento de diseñar políticas públicas. “Que nos escuchen. Que escuchen a la persona con discapacidad, no solamente a la gente que ellos quieren escuchar”.
La comunicadora cuestionó con dureza la respuesta del Gobierno nacional y sostuvo que muchas personas sienten que las políticas actuales no contemplan suficientemente sus necesidades.
“Para ellos somos números, somos un gasto más. Nosotros no vamos a un centro de rehabilitación a una fiesta; vamos a un servicio para que nos mejore la calidad de vida”.
También reclamó que quienes ocupan cargos vinculados al área tengan formación y experiencia específica en discapacidad.
“Que sean idóneas las personas que trabajen en discapacidad. No todo el mundo sabe lo que es tener una discapacidad y sabe lo que es trabajar para una discapacidad”.
Desde el Gobierno nacional sostuvieron a comienzos de septiembre, durante una exposición ante Diputados, que se habían adoptado medidas para garantizar prestaciones, actualizar el nomenclador, reorganizar el sistema de pensiones y fortalecer los controles. Esa posición contrasta con la evaluación realizada por las organizaciones que participaron de la asamblea, que consideran que varios puntos centrales de la emergencia todavía no fueron cumplidos plenamente.
La movilización en Córdoba se produjo en paralelo a la discusión parlamentaria. La Cámara de Diputados había emplazado a las comisiones correspondientes para tratar específicamente la propuesta de prorrogar la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027.
Desde la Fundación I.R.A.M., el mensaje hacia los representantes cordobeses y del resto del país fue mantener vigente la emergencia, garantizar las prestaciones y abrir cualquier discusión posterior a quienes atraviesan diariamente las consecuencias de las decisiones sobre discapacidad.
“Necesitamos de su apoyo, necesitamos de su ayuda. No nos dejen solos, porque realmente es una situación tremenda la que estamos viviendo”, resumió Forchino.
Con la discusión abierta en el Congreso, las organizaciones insisten en que la prioridad inmediata es sostener la emergencia hasta 2027, garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y evitar que la falta de recursos termine profundizando una situación que, advierten, ya es crítica.
