“Falta mucho por mejorar”: Córdoba sumó 97 barrios al nuevo esquema de seguridad y justicia
Los Distritos N° 20 y N° 22 incorporan 97 barrios del sur de la capital al esquema que articula Policía, Ministerio Público Fiscal y Justicia. Julián López sostuvo que el sistema busca mejorar la investigación y prevención del delito. En el mismo acto, el fiscal general Carlos Lezcano evitó dar precisiones ante las preguntas de la prensa sobre el fiscal Iván Rodríguez y sostuvo que el organismo informa mediante comunicados.
El Gobierno de Córdoba puso en marcha este miércoles los Distritos N° 20 y N° 22 del Plan de Gestión Territorial de Seguridad y Justicia, una reorganización que incorpora a 97 barrios de la zona sur de la ciudad de Córdoba a un esquema de trabajo conjunto entre la Policía, el Ministerio Público Fiscal y las áreas judiciales.
La presentación se realizó en el CPC N° 6 de Villa El Libertador y contó con la participación del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el fiscal general de la Provincia, Carlos Lezcano, además de autoridades municipales y representantes de los distintos organismos que intervienen en el dispositivo territorial.
La Provincia proyecta una organización general de 27 distritos, con jurisdicciones definidas para coordinar prevención, investigación criminal y actuación judicial. Con el objetivo oficial de mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal, reducir tiempos de respuesta y facilitar el acceso de los ciudadanos al sistema de seguridad y justicia.
En diálogo con la prensa, Julián López explicó lo que implica que la división territorial policial coincida con la judicial.
“Lo que implica es la unificación de lo que es la circunscripción policial con la judicial y la posibilidad de que haya fiscales, jefes de Policía, jefes a cargo de la investigación y de la prevención del delito en cada barrio de la ciudad de Córdoba, asignados de manera específica”, explicó López.
Según señaló el ministro, durante las próximas semanas continuarán habilitándose nuevos distritos y la intención es completar el despliegue durante el primer trimestre de 2027.
López reconoció que la reorganización territorial, por sí sola, no resuelve el problema de la inseguridad, pero sostuvo que puede mejorar la articulación entre Policía y Justicia.
“No es una respuesta mágica a la problemática del delito en sí, pero sí permite aceitar los mecanismos de engranaje y obviamente va a ser mucho más eficiente el sistema de seguridad”.
El funcionario afirmó además que la división territorial permitirá medir con mayor precisión tanto los delitos que ocurren en cada zona como las necesidades operativas del Estado.
De acuerdo con esa lógica, la información territorial podría utilizarse para determinar dónde hacen falta más policías, funcionarios judiciales, vehículos o equipamiento tecnológico. López también sostuvo que el tipo de delito “va mutando de barrio en barrio” y que contar con autoridades específicas permitiría ajustar las políticas preventivas a cada sector.
Incluso aseguró que en algunos de los distritos que ya funcionan se observa una “merma muy importante de algún tipo de delito”, aunque durante el intercambio con la prensa no detalló cifras ni precisó a qué delitos o territorios hacía referencia.
Otra de las consultas estuvo vinculada con las dificultades que todavía enfrentan ciudadanos al momento de radicar una denuncia.
López admitió que “falta mucho por mejorar” y destacó que Córdoba mantiene unidades judiciales atendidas por funcionarios del Poder Judicial, en lugar de delegar exclusivamente la recepción de denuncias en personal policial.
“Lo que hemos hecho es avanzar en este reemplazo para que sean autoridades judiciales las que toman las denuncias, para que desde el primer momento se haga con el tecnicismo suficiente”, explicó.
Según el ministro, una correcta recepción inicial debería permitir que la investigación comience con mayor rapidez.
Mirá la nota completa:
